Las aguas siguen turbias

La crisis desencadenada por la huelga de los médicos ha intensificado desconfianzas y rivalidades en la alta cúpula del gobierno, persistentes al comenzar esta semana y solo recubiertas por el propio conflicto y sus derivaciones, aseguran quienes observan de cerca lo que ocurre en los círculos gubernamentales. La espiral de tensiones de las últimas ocho semanas anticipaba nuevos sismos políticos antes que el régimen conmemore 12 años dentro de pocos días. Los analistas concuerdan en que los desencuentros en las filas gubernamentales podrían manifestarse en la recomposición del cuerpo ministerial, en momentos en que el presidente Morales se enfrenta a una oposición creciente a su proyecto de reelegirse y gobernar al menos veinte años, hasta 2025. Sería uno de los períodos de gobierno más extensos de la historia del hemisferio.

Un punto de fricción aún no resuelto, dicen los analistas, sería señalar al principal responsable de la crisis que estalló con el Código Penal, aprobado con mansedumbre por los legisladores. La cuenta ha resultado abultada y la pregunta insistente estos días era es quién o quiénes la pagarían. Algunos analistas señalaban que no podrían eximirse de la cuenta el vicepresidente García, por la promulgación, pese a la oposición manifiesta de los médicos, de la ley que puso en vigencia el nuevo código, probablemente la legislación más controvertida de los tiempos democráticos bolivianos. En la misma línea de fuego estarían las cabezas del Senado, Alberto González, y de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, ambos personajes destacados del gobierno y cualquier desplazamiento de ellos entrañaría una amputación para el régimen. Bajo la presidencia de ambos se encaminó raudo el proyecto sin que hubiera habido, que se conozca, un debate detallado de cada uno de los 680 artículos. De no menos magnitud sería la participación del Ministro de Justicia, Héctor Arce, quien debió estar entre quienes plantearon, analizaron y revisaron el documento y dieron curso a su aprobación. La misma responsabilidad es atribuida al Ministro de Gobierno, Carlos Romero. Todo eso equivaldría, al decir de un analista, a la cabeza, el tronco y las extremidades del gobierno, un conjunto del que no se podría separar al propio presidente Morales. El nuevo código ha resultado en un fiasco gigante, demasiado costoso como para apuntar a algún triunfador. ¿A cuál de los personajes atribuirle la responsabilidad?

Una cuota de responsabilidad también tendrían los legisladores de oposición, que no denunciaron con oportunidad el contenido del documento. Una conclusión sombría entre los analistas sería que el documento no fue leído, ni se tuvo el cuidado de examinarlo. Pero algo más: como ocurre con frecuencia en la historia política del país y de muchos otros, el episodio evidencia lo nocivo que resultan legislaturas con amplia mayoría de alcances limitados y obediencia ovejuna.

Es por acción de los internautas que poco a poco la cebolla que representa el nuevo código está siendo deshojada. Cada lámina era una revelación. Casi todos los sectores tenían algún punto para reclamar. Se descubrió que han sido eliminados los artículos importantes de la Ley 1008, la norma legal para combatir el tráfico de cocaína. También resultó que desaparecían artículos fundamentales anticorrupción de la ley designada como Marcelo Quiroga Santa Cruz. Por supuesto, la libertad de prensa estaba también amenazada. La ANP hizo resonar su protesta, lo propio los gremios periodísticos. En pocos días, casi todo el mundo tenía alguna razón para sentirse amenazado. Las iglesias evangélicas se declararon en emergencia porque la nueva ley ensombrecía el trabajo pastoral. El Código se deslizaba hacia el ridículo, pues podría obstaculizar las contribuciones, fuente vital de sustentación financiera para las iglesias. La Iglesia Católica observó una docena de artículos contrapuestos a una sociedad que aspira a ser justa y solidaria e invocó al gobierno a tener la “sabiduría” de abrogar todo el Código. Los ganaderos del Beni explicaban que bajo la nueva norma, el abigeato tendría garantizada parte del delito. En la explicación de un ganadero, cinco abigeatistas podrían robar cada uno una cabeza y no serían perseguidos por la ley, que solo castigaría el robo a partir de la segunda cabeza, en tanto que sí podrían asociarse y formar una empresa ganadera con las cabezas robadas. Igual medida se aplicaría a substancias como la cocaína y la pasta de cocaína cuya posesión punible será ejercitada a partir de un kilogramo por persona. El cupo arbitrario permitiría a una sola persona tener droga suficiente para alegrar toda una fiesta precarnavalera de 4.000 participantes. Los que aún defienden la nueva norma prefirieron evitar las palestras, abrumados por las críticas.

Por inverosímil que pueda parecer, el autor del trabajo que derivó en el nuevo código fue un especialista que trabajó en el Legislativo para el gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, informó en su pizarra de Facebook esta semana el ex prefecto de Santa Cruz Francisco Aróstegui.

Al empezar la semana en curso, el gobierno había dispuesto -y las cámaras legislativas habían dado curso- la abrogación del artículo 205, uno de los más controvertidos y origen de la huelga médica, lo mismo que el 137 que los transportistas objetaban. El gobierno no cedía a la pretensión de los otros sectores que tomaron la posta de los médicos cuando éstos, en su representación de La Paz, firmaron un acuerdo con el gobierno. Aún estaba en discusión la suspensión de descuentos por las siete semanas del paro en su versión nacional.

El conflicto entró como un huracán en los planes del presidente para reorganizar su equipo ministerial y las apuestas eran múltiples en torno a quiénes se irían como sacrificados por el turbión del Código Penal y quiénes los reemplazarían. En ese torbellino aparecían nombres de la vieja guardia masista, algunos en misiones diplomáticas y otros apartados de la actividad política.

El sábado y el domingo fueron días inquietos para los conductores de motorizados en gran parte del país. Las ciudades del eje central (Cochabamba, Santa Cruz y La Paz) tuvieron enormes hileras de vehículos en los puestos de gasolina. YPFB logró movilizar suficiente combustible para apagar la sed momentánea y hacia el lunes las hileras habían desaparecido. Pero los transportistas, alarmados por las penalidades del Código hacia causantes de accidentes y contrabando ingresaron a un paro junto a otros sectores, todos unidos en torno a un nuevo mantra: derogar todo el Código. La atmósfera fue auspiciosa para los vendedores de libros en la calle: el texto de la nueva norma fue descargado de la red por algunos emprendedores y en los kioskos callejeros se lo vendía en 20 bolivianos. En pocos días el precio había subido a 25 bolivianos.

El gremio periodístico también entró en ¨emergencia¨, una declaratoria de estado de apronte, hasta hoy no había una medida concreta para lograr la modificación o abrogación de tres artículos, del 309 al 311, que la Asociación Nacional de la Prensa y asociaciones de periodistas consideraban amenazantes para la libertad informativa.

Hasta este jueves, la población de Pailas, al norte de Santa Cruz, había ganado atención nacional, por persistentes tentativas de bloqueo que la policía combatía con fuego profuso de gases lacrimógenos. Los arrestados en la semana eran una docena en la semana, que se sumaban a la muerte de una joven asfixiada por los gases lacrimógenos días antes.

Bajo el alboroto, no causaron mayor impresión los alegatos del presidente de que el conflicto era un intento de “sacarlo” del gobierno. Como el cuento de viene el lobo, sus denuncias no registraron impacto. Más bien, Santa Cruz se preparaba para una prueba de fuerza contra el gobierno, con un paro general de 24 horas previsto para el viernes. Con sus instituciones por lo general poco beligerantes, esta vez Santa Cruz marchaba hacia una prueba de fuerza con el gobierno.

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