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Alejados ya simples rumores y hasta la ingenuidad general de que las marchas y bloqueos eran y son espontáneos y sinceros a favor del retorno del depuesto Evo Morales, hechos concretos demuestran una enorme y puntual planificación de las fuerzas extremistas internacionales para sembrar el caos y causar daños en el país, encaminados a desestabilizar al Gobierno provisorio de Jeanine Áñez y ver a Evo Morales nuevamente instalado en su Palacio.
Toda la internacional dependiente del Foro de San Pablo y los agentes del Socialismo o Populismo del Siglo XXI intervienen en el actual cerco a La Paz, Cochabamba, Sucre y otras ciudades; cerco proclamado por el ex mandatario aun antes de su renuncia. Evidencias demuestran que se está empleando armas, explosivos, bazucas artesanales y otras armas proporcionadas por los agentes internacionales (cubanos, venezolanos, peruanos, etc.).
Estas movilizaciones -como en el anterior régimen-no son gratuitas, sino generosamente financiadas. Un banco estatal habría entregado hasta 15 millones de bolivianos para fines de movilización a favor del antiguo régimen. Parte de este desfalco se ha encontrado en poder de los subagentes distribuidores.
Pretextos planificados para soliviantar son el improbable agravio a la wiphala y el “golpe de Estado”, cuando propios y extraños saben que el cambio de Gobierno fue el fraude de las elecciones del 20 de octubre denunciado por la OEA y la renuncia voluntaria de Evo Morales y su asilo en México.
Es natural la preocupación de los ciudadanos por el desabastecimiento relativo de algunos artículos como pollo, res y huevos. Esto se debe a los bloqueos de caminos de acceso como parte de la metodología desestabilizadora, por tanto, el responsable sería el ex presidente y sus seguidores. El mismo origen tiene el atentado de impedir la dotación de combustibles a los centros urbanos.
Estamos frente al intento de volver al poder por el poder mismo, que no tasa el precio de este atentado de lesa fraternidad y lesa humanidad. La legítima defensa es un derecho universal frente a la agresión.
Esto sucede con las fuerzas policiales y militares a manos de los marchistas y ante la violencia con la que se pretende ingresar al centro de las ciudades con fines de asalto, robo, incendio y convulsión. Evitar estos actos exige un respaldo legal, más aún cuando hay antecedentes de condenas de prisión contra los mandos militares por anteriores hechos. En resguardo de estos derechos legítimos, el Gobierno ha atendido la demanda y dictado un decreto supremo de protección que, en el fondo, resguarda también a la población civil del país.