EDITORIAL    

Relaciones con Estados Unidos



Dando cumplimiento oportuno al programa mínimo de todo gobierno provisional, producto de una insurrección popular destinada a expulsar del poder a un régimen anacrónico y extraño a las características históricas de la realidad boliviana, la Cancillería nacional ha adoptado, en forma pertinente y oportuna, medidas de importancia para ejercer la soberanía y el derecho de autodeterminación patria, desconocidas por la política internacionalista del equipo gobernante defenestrado del poder.

Entre otras, esas disposiciones consistieron en romper relaciones con un gobierno populista del Caribe, retirar del país sospechosas misiones de médicos y enfermeras, abrir relaciones con gobiernos legales y legítimos, así como adoptar decisiones valientes para que el nuevo proceso histórico nacional que vive el país marche libremente por la vía democrática y se reincorpore a la comunidad internacional de la que había sido alejado.

Luego de cumplir esa primera etapa, que respondió en forma favorable a la voluntad popular, la Ministra de Relaciones Exteriores anunció, como continuidad de la nueva política internacional boliviana, la reapertura de relaciones con Estados Unidos de Norte América, relaciones que habían sido abrupta e incomprensiblemente quebradas hace diez años por el gobierno autocrático defenestrado de Bolivia el 10 de noviembre pasado.

La reanudación de relaciones de Bolivia con el país del Norte tiene características de importancia y, entre otras, que se realizó por iniciativa exclusiva del Estado boliviano y sin que se ejerza sobre él la menor medida de presión externa o interna, aspecto que revela que nuestro país ha recuperado su soberanía y desconoce presiones de corrientes foráneas que tratan de convertir a Bolivia en colonia de nuevos imperialismos para imponer ideologías obsoletas, no solo desprestigiadas por sus alcances utópicos, sino también porque fracasaron en el mundo de manera ostensible en la prueba de fuego de la práctica, la única forma de comprobar su validez y las ha condenado definitivamente a caer en el basurero de la historia.

El Poder Ejecutivo, que maneja las riendas del país, está cumpliendo de manera paulatina con su principal objetivo, que es llamar a elecciones para que se instale un nuevo gobierno. Sin embargo, esa responsabilidad se realiza pese a que el Poder Legislativo está en manos del partido derrocado y, en una u otra forma, busca poner a salvo los restos de su naufragio, sin tomar en cuenta que los perdedores no ponen y menos imponen condiciones a los victoriosos, lo que podría poner en peligro los progresos alcanzados hasta el presente.