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El alcalde de Achacachi, Edgar Ramos, se encuentra detenido después de 4 años de haber sido denunciado por corrupción. El ministro de Justicia, Héctor Arce, anunció esta nueva, nada menos que en conferencia de prensa. Tan tardía detención señala no solo una tolerancia excesiva del Gobierno, sino un acto altamente comprometedor de gestión. No es la primera vez que el Gobierno aparece amparando a muchos alcaldes provinciales, autoridades, diputados, etc., implicados en malos manejos y en delitos públicos. La agravante del caso es que Ramos continuó varios años sin ser citado por la Fiscalía, ejerciendo funciones edilicias aparentemente desde Warisata, pero en realidad desde El Alto, donde instaló oficinas.
A modo de descargo, el ministro Arce dice que recién conoce las denuncias y que seguirán el curso legal. Lo cierto es que Ramos fue denunciado desde 2016, cuando no concurrió a un informe de gestión solicitado por la población. Su negativa originó un bloqueo de la región lacustre, motivando el apresamiento de decenas de campesinos. No se conoce qué suerte corrieron 21 detenidos. Supuestamente el pueblo había tomado la Alcaldía y quemado un vehículo de propiedad del alcalde. Los Ponchos Rojos -grupo de choque del MAS- aliados del alcalde, irrumpieron en el pueblo y en represalia asaltaron las tiendas, apedrearon viviendas y cometieron desmanes.
La denuncia de una hija del dirigente de los Ponchos Rojos, Modesto Clares, con el pretexto de haber sido secuestrado su padre, dio pretexto al apresamiento de Esnor Condori, presidente de las Juntas Vecinales, Elsner Larrazábal, presidente del Comité Cívico y Gonzalo Lima, profesor. Clares negó su secuestro, pese a lo cual su hija inició la acción penal. Al presente Larrazábal huyó como refugiado al Perú, donde permanece.
Entre los delitos contra Ramos se encuentra la construcción de un hospital de segundo nivel, al igual que una rotonda, un centro de salud y establos para cerdos en pleno deterioro. Una de estas obras fue licitada después de un año de concluida, solamente en beneficio del contratista. La defraudación se estima en por lo menos 500.000 dólares.
Contra la ley que dispone que las autoridades y funcionarios deben administrar desde el asiento de sus funciones, las autoridades permitieron lo contrario. Esto significa que Achacachi deje de tener servicios básicos, policía, etc., convirtiéndose en población abandonada por 3 o más años. El pretexto del Gobierno para conservarlo en el cargo fue que se trataba de una autoridad elegida legalmente. Ante malos manejos es deber del Ministerio de Economía y Hacienda cortar el flujo presupuestario, lo que no hizo, por lo que supuestamente siguió el festín económico. La población estima la detención como una “jugada” oficialista para recuperar votos en esa población, además se la percibe como otra medida distractiva del fresco escándalo del narcotráfico y la complicidad de magistrados, funcionarios, intermediarios y gente importante.