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Una novedosa industria establecida por el aparato estatal fue inaugurada, en medio de la campaña electoral de la tienda oficialista, por el gerente de la Fábrica Estatal de Envases de Vidrio de Bolivia (Envibol), la misma que tiene características originales, de acuerdo con las versiones de funcionarios del régimen imperante.
En primer lugar, dicha fábrica fue instalada en la localidad de Zudáñez, situada en el interior de Chuquisaca, departamento al parecer lejano de centros industriales. El costo de esa empresa fue de 58 millones de dólares, fue concedida con el sistema “llave en mano” con la promesa de que dará empleo a trabajadores del país y abastecerá las necesidades del consumo nacional.
La satisfacción que produjo esa iniciativa no tardó, sin embargo, en dar paso a interrogantes y cuestionamientos, pues, a tiempo de producirse el estreno de la obra, los responsables del oficialismo hicieron conocer que los técnicos que operarán esa fábrica serán de origen extranjero en proporción y calidad preocupante. En efecto, se confirmó que quienes se encargarán de hacer funcionar la fábrica no solo serán técnicos extranjeros, sino que éstos vendrá al país desde la India, Italia, Argentina, Uruguay y Francia, que fueron los proveedores de esa planta y gozarán salarios especiales por el tiempo necesario para entrenar a empleados nativos por seis meses.
A esa perla informativa se agrega otra, no menos preocupante, la misma que detalla que esa obra estatal tendrá como objetivo central “hacer la competencia a la industria nacional privada”, que funciona difícilmente en el país, en medio de una campaña anticapitalista y empeñada, al parecer, a deteriorar a la empresa privada. Tal intención fue confirmada por el gerente de esa entidad, al afirmar que el fin de la misma “es romper el monopolio en ese rubro”, aplicando precios de competencia desleal.
La flamante industria, como se ve, tuvo costo elevado, fue instalada en un sitio poco apropiado, con escasas vías de comunicación, etc., por lo que, al contrario de lo anunciado, subirá los costos para repetir, en esa forma, casos de otras empresas estatales instaladas en sitios inaccesibles, lejos de los centros de consumo y que funcionan a pérdida, con la amenaza de ser clausuradas y perder considerables recursos que, en este caso, llegan a 58 millones de dólares. ¿Será otro “elefante blanco”?.