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Casi todas las costosas empresas estatales de que es propietario y administra el Estado Plurinacional -pese a que cuenta con ventajas- trabajan a media máquina, algunas lo hacen con materias primas importadas, operan con técnicos extranjeros, su administración es deficiente, sin contar otros aspectos. En síntesis, su aporte a la Nación es poco significativo. Es más, si el país tiene algunos ingresos importantes, éstos provienen de la venta de materias primas (gas, estaño, oro, zinc, soya, almendras, etc., con altos precios).
En medio de ese desolador panorama, la iniciativa privada es el único sector que realmente moviliza la economía nacional y, en particular, recientemente la agricultura arrocera del norte de Santa Cruz y sur de Beni que ingresó en intensa actividad gracias a medidas agrarias de mediados del siglo pasado.
En efecto, dicho último sector de la economía privada en años pasados pasó a cultivar 100 mil hectáreas de dicho grano y, últimamente, 20 mil hectáreas más, haciendo un total de 120 mil hectáreas de tierras dedicadas a la agricultura, en especial de arroz, es decir que en el último año habilitó el 20 por ciento más de áreas de tierra trabajadas para producir alimentos.
La iniciativa privada (pese a la resistencia estatal) beneficia a la población y ha dado un “salto” para garantizar la seguridad alimentaria. En forma concreta, en la última cosecha, esa iniciativa ha producido cien mil toneladas más de arroz, lo que constituye un acto de heroísmo, más aún cuando en otros sectores del país se reducen las áreas cultivadas, excepto de coca, cuyo cultivo fue aumentado por el gobierno estatista de Evo Morales Ayma de 10 mil a 25 mil hectáreas.
Se debe destacar que el llamado capitalismo de Estado en vigencia no contribuyó a ese éxito en la producción arrocera ni con un centavo. Ha sido obra exclusiva de ciudadanos privados, ansiosos de impulsar las fuerzas productivas para el progreso nacional.
No obstante, alcanzada esa sobreproducción que aporta con 20 por ciento más a la alimentación popular, el 80 por ciento restante está por perderse porque no existe economía libre, no existen silos de almacenamiento, no se puede exportar, etc. De otro lado, Emapa distorsiona la comercialización del arroz, paga a los productores precios por encima de los ofrecidos en venta; paga no más del diez por ciento a medianos y pequeños productores y, enseguida, vende más barato al mercado. Así se descuida el apoyo a la agricultura para que produzca más y mejor; no se instala silos y riego; se hace la vista gorda ante el contrabando y se impulsa la importación de alimentos por alrededor de mil millones de dólares al año.