POLÍTICA    

Medida cautelar sobre candidaturas

Resolución del TCP habilita candidaturas cuestionadas

> Desde la oposición se anunció que se interpondrán demandas en contra de los magistrados del TCP por considerar que estas autoridades incurren en el delito de prevaricato



A pesar de los pedidos de inhabilitación para candidaturas de postulantes que no cumplen con el requisito de la residencia permanente en el lugar de realización de la elección, una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) manda al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a declarar procedentes las inscripciones en listas de candidatos que no cuenten con esta requerimiento, con esta medida Dockweiler, Alanoca y Reyes Villa tienen vía libre para participar en los comicios subnacionales.

La medida cautelar emitida por el TCP señala que los candidatos que demostraron su condición asilados políticos en el tiempo previo a la convocatoria a las elecciones subnacionales no deben ser inhabilitados mientras se estudian sus casos en esta instancia judicial.

Por esta razón el requisito de la residencia permanente que deben cumplir los candidatos queda en suspenso hasta que el Tribunal Constitucional emita un fallo definitivo en los respectivos casos.

Esta determinación deja el camino libre para que candidaturas cuestionadas por el requisito de la residencia como las de César Docweiler, Wilma Alanoca y la de Manfred Reyes Villa puedan continuar en la carrera electoral.

El principal argumento para esta decisión es que en caso de que el Tribunal Supremo Electoral o cualquiera de los Tribunales Departamentales disponen la inhabilitación de alguno de los candidatos observados por este requisito mientras se analiza su situación en instancias constitucionales, se estaría cometiendo un daño irreparable al candidato.

Este fallo fue emitido el pasado 28 de diciembre por la comisión de admisión del Tribunal Constitucional, posteriormente fue dada a conocer al asambleísta por Cochabamba, Freddy Gonzales Rodríguez.

Ante esta determinación, candidatos participantes de los comicios subnacionales, como el exdiputado Amílcar Barral, anunciaron que interpondrán demandas en contra de los magistrados del TCP por considerar que estas autoridades incurren en el delito de prevaricato.

“Tres personas están decidiendo por sobre la Constitución Política del Estado, por sobre las leyes, y yo creo que el Tribunal Supremo Electoral tiene que empezar a hacerse respetar. Vamos a iniciarles un juicio por prevaricato a estos magistrados que muestran como está, por culpa de ellos, una lástima el tema de la justicia”, señaló el exparlamentario.

Desde el MAS, señalan que se espera que la resolución final salga favorable con todos los candidatos, y se deja esta determinación en manos del Tribunal Electoral.

“Al final, si cumplen o no cumplen decidirá el TSE, nosotros confiamos en ese órgano del Estado que pueda definir de manera transparente para todos”, manifestó el senador Leonardo Loza.

La resolución de esta medida cautelar no especifica ni hace referencia a ningún candidato y señala que su aplicación es solamente para las elecciones subnacionales el próximo 7 de marzo.

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