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El derrumbe de la zona de Kantutani, Inmaculada Concepción y 14 de Septiembre, con todas sus incidencias y calamidades es un producto más de la desorganización y mal funcionamiento de las instituciones del país. En este caso la Alcaldía de La Paz casi siempre ha sido parte de este problema. Por otra parte, siempre ha accedido a toda clase de irregularidades, caprichos y anarquía.
Bajo ese alero, en La Paz cada cual hace lo que le conviene, así sea necesario ir contra la ley y las reglamentaciones. Para esas personas es indiferente cualquier transgresión y depredación a fin de salir con la suya. La historia de esta región marginal habitada se remonta según unos a los años 60 y según otros a 1985. Lo cierto es que desde entonces la Alcaldía municipal nunca pagó el monto indemnizatorio de la enorme superficie de varias hectáreas a la familia Gisbert, originales propietarios, como ha ocurrido en otros casos.
El presidente Hernán Siles Zuazo había emitido un decreto para que en ese lugar se erija el Gran Parque de la Revolución Nacional, proyecto que no se ejecutó. Pese a las décadas que llevan las acciones judiciales interpuestas por la familia Gisbert para el correspondiente pago, la Justicia es incapaz de dar solución a la demanda. El abandono municipal dio pie a los delincuentes llamados “loteadores” y muchos compraron a sabiendas de lo fraudulento de la operación.
Aparecieron documentos de venta con la firma de miembros fallecidos de los Gisbert y de personas de la familia residentes en el exterior. Este delito no es concebible sin la complicidad de abogados, notarios, funcionarios municipales y, cómo no, de Derechos Reales. Una parte de la zona se destinó a botadero municipal de basura, residuos que salieron a relucir en el deslizamiento, arrastrando a las casas edificadas sobre ese relleno.
No es el primer deslizamiento en La Paz, ni será el último, por su conformación geológica. En el tema, la Alcaldía municipal ha sentado el precedente de indemnizar a los afectados, pese a las contravenciones técnicas y legales en las que puedan incurrir los ocupantes. Al presente el alcalde Luis Revilla manifestó que entregará nuevas viviendas a propietarios, anticresistas e inquilinos. Por su parte el Jefe del Estado siempre atento a captar votos -más aún en la presente etapa electoral- entregó 14 departamentos tanto en El Alto como en Mecapaca. Ambos personajes responden, ante todo, a su interés político. Cuándo no. Sin embargo, 166 familias rechazan esa posibilidad y exigen regresar al lugar de origen en nuevas viviendas. El Alcalde declaró expropiar los 22 inmuebles que por seguridad deben ser demolidos.
Mientras expropiará a precio justo a los actuales poseedores, adeuda todavía a los originales dueños del lugar. Así, inclusive serán indemnizados quienes ocupan con títulos falsos. Es que la lógica política así lo impone y cuando se ve que juntos constituyen conflicto social y pueden generar presión, a diferencia de los que recurren a la Justicia y no son escuchados por décadas.