Expresarse libremente es honrar la justicia

Contrariamente a toda posición lógica que tiene que ver con la libertad de expresión, el Gobierno inició un juicio contra la Agencia ANF, EL DIARIO y Página Siete en relación con el término “flojos” que el Primer Mandatario utilizó en un mensaje. Ese juicio estaba en “status-quo”, suspendido o paralizado -buena disposición por parte del Gobierno-, pero parece haber sido removido, cuando, en todo caso, lo que correspondería es anularlo, suprimirlo de los estrados judiciales porque no conviene que quede simplemente en suspenso y, nada raro, por cualquier circunstancia, ser reabierto por el actual u otro régimen.

En su momento, se trató de ver delitos y faltas graves en el uso de ese término y hasta se llegó al extremo de creer que se menoscabó la dignidad del Presidente; la posición es contraria a la misma situación presidencial que utilizó dicha palabra y lo hizo seguramente sin intención de dañar la dignidad de nadie y menos de un pueblo como es Santa Cruz.

Los medios, como lo hacen con toda actividad del Presidente, se concretaron a informar lo dicho y sin ánimo de darle mayor valimento a lo expresado y que, en diferentes etapas de la vida del ser humano, se presenta: flojera para realizar cualquier actividad que, en sus resultados, sería lo mismo que negligencia o descuido o dejadez o nomeimportismo, términos que, semánticamente, no dan lugar a pensar siquiera que traten de ser peyorativos, insultantes y menos soeces.

La libertad de expresión es un derecho de todo ser humano; es libertad consagrada por nuestra Constitución; es parte primigenia de los derechos humanos y es respetada y acatada por todos los países que consideran y honran la libertad de pensamiento, cuya extensión es la libertad de expresión. Es también un derecho que tiene el Presidente de la República para expresar lo que piensa o siente, siempre con las consideraciones y respetos debidos a los demás y que él reclama para sí.

Que el término haya despertado la susceptibilidad de la población, es evidente, porque se pensó que se trataba de molestar, lastimar a un departamento que se ha caracterizado por su tesón, ansias de progresar y ser factor esencial para el desarrollo nacional. En el sentir general, el informar ello no implicó mala intención y menos reconocer que haya flojera en todo un pueblo; sin embargo, no corresponde que el propio Gobierno le atribuya una connotación que no tenía o, peor, que los medios hayan tenido la intención de lastimar o mellar la dignidad del Presidente y mucho menos de un pueblo con el cual se vive consubstanciados.

La libertad de expresión, un derecho inalienable de todo ser humano, tenga poder de cualquier clase o no lo tenga, nadie puede vulnerarla porque tan sólo intentarlo es como anular la libertad de pensamiento que es lo íntimo, lo profundo del ser humano y que se hace patente mediante la expresión libre sin cortapisas ni presiones ni vulneraciones de ninguna clase. Es un bien que nace del libre albedrío que tiene el hombre con la condición de que se base en la verdad y la responsabilidad. Los medios y los periodistas cuidan estas condiciones y piden y exigen que todos los integrantes de la colectividad actúen con similar conducta.

Se dijo que los medios que publicaron la palabra causante del problema, “deben pedir disculpas” o rectificar la forma en que fue presentada. La verdad es que se trató a esa palabra en la forma y condiciones que fue expresada y no se le añadió ni restó validez alguna a lo que significa.

Insistir en un juicio que no tenía pies ni cabeza sería tratar de buscar “razones para condenar” lo que no es condenable y ni siquiera censurable; es, además, mostrar razones que no se las tiene y es vulnerar los derechos, sentimientos, pensamientos y libertades de los medios de comunicación, periodistas, escritores, analistas, columnistas, editorialistas y de quienes emiten sus criterios o parecer sobre la realidad nacional o mundial; con la única condición de que la información, el análisis y la opinión deben conservar la sindéresis, el respeto y las consideraciones debidas en un pueblo civilizado como es el nuestro. Consecuentemente, los medios inculpados, por principio, por moral y ética no pueden ni deben pedir disculpas por faltas que no cometieron.