Asamblea departamental debate ley para normar centros de acogida

La Ley departamental de regulación de centros integrales y de acogida para niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad es analizada en la Comisión de Desarrollo Humano y Derechos Humanos de la Asamblea Departamental de La Paz, la misma pretende regular, fiscalizar e instalar este tipo de hogares, sobre todo en las áreas rurales, manifestó Claudia Bravo, miembro de la comisión.

"Como comisión nos hemos estado dedicando a realizar inspecciones en hogares de niños, en los que la situación no es de las mejores, ya que aún hay falencias siendo que incluso muchos ni están registrados", manifestó la asambleísta.

En este sentido, esta ley departamental serviría para la regulación de los centros de atención integral y hogares infantiles, que hasta la fecha sólo en el departamento de La Paz, se estima que llegan a 229 de los que sólo el 10 por ciento está registrado legalmente.

Esta ley será ejecutada, en primera instancia, para levantar un registro y ver cuantos centros y en qué condiciones trabajan, para luego empezar a normar y fiscalizar su funcionamiento y a sus funcionarios tanto administrativos, como los que intervienen de manera directa con los beneficiarios.

"Es necesario iniciar de esta manera, para ver falencias y qué es lo que se necesita, se debe ver los detalles en cuanto al nivel coercitivo que tendrá la norma, y de qué manera nos permitirá observar, donde faltan estos centros para implementarlos y cómo vamos a controlarlos", señaló Bravo.

Otra de las grandes preocupaciones en cuanto a estos centros, es su inexistencia en las áreas rurales, donde los niños tienen los mismos problemas que en las ciudades, muchos quedan huérfanos o son abandonados y no tienen dónde ir, y acaban con padrinos o familiares que en muchos casos los maltratan.

"No tenemos un dato específico en cuanto a los hogares en las provincias, pero sabemos que no existen y que es necesario y urgente contar con este tipo de centros en el área rural, las necesidades del área rural son las mismas que en las ciudades y esperamos que, a través de esta norma y un inspección podamos ver donde instalar estos centros", expresó la autoridad.

Hasta la gestión pasada varias fueron las denuncias en contra de este tipo de centros, en los que presuntamente, se habría cometido delitos como maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual, desviación de los víveres designados y la alimentación de los acogidos, con alimentos pasados.

Una de las extrabajadoras de estos centros, que no quiso ser identificada por seguridad, señaló que en muchos casos el personal contratado para estas instituciones, no tienen la vocación ni la paciencia necesaria por lo que fácilmente caen en el maltrato.

"Es lamentable la situación de los niños en los hogares y más cuando tienen discapacidad, he visto como a muchos por hacerse en los pantalones los han baldeado con agua fría en pleno patio, los niños no tienen a quien quejarse”, dijo.

En este contexto, la ley aún es debatida al interior de la Asamblea Departamental de La Paz, pero se espera que pueda ser aprobada antes del 12 de abril, para que pueda ser promulgada por la Gobernación, en el marco de los festejos por el día del niño.

"Estamos tratando de llevar a cabo esta nueva norma de la mejor manera posible, anulando toda la consigna política y esperamos que mañana ya podamos tener aprobada una norma que nos sirva como referencia departamental que pueda ser aplicada en diferentes lugares no sólo urbanos sino rurales, porque es necesario que no tengamos que velar por los niños sólo en el mes de abril sino todo el año", finalizó la asambleísta Bravo.

DATOS

De acuerdo con la directora del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), Cristina Mamani, de las 300 guarderías privadas en las ciudades de La Paz y El Alto pocos cumplen con los requisitos y tienen licencias de funcionamiento.

Entre las causas para la presencia de menores abandonados figuran la crisis económica, la desintegración familiar, el viaje de los padres al exterior y al maltrato físico, que les obligan a huir de sus hogares.