CN asegura que Gabinete Jurídico sembró pruebas contra Reyes Villa

(ANF).- Dos diputados de Convergencia Nacional denunciaron que un grupo de poder que actúa al interior del gobierno de Evo Morales, procedió a “sembrar” pruebas y delitos para defenestrar de manera ilegal a gobernadores y alcaldes opositores al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Luego de entrevistarse por más de siete horas con exfuncionarios del Ministerio de Gobierno detenidos en Palmasola por delitos de extorsión, la diputada Norma Piérola (CN) denunció que desde el gobierno se “sembraron” escenarios de conflictos y presuntos delitos de corrupción, para sacar de sus cargos al exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; al exgobernador de Beni, Ernesto Suárez Sattori; de Pando, Leopoldo Fernández y de Tarija, Mario Cossío, además de otros alcaldes opositores al MAS.

Señaló que en el caso de Reyes Villa se le “sembró” varios delitos para procesarlo por supuestos contratos lesivos al Estado, declaraciones juradas y otros que no estaban tipificados, pero que con la Ley Anticorrupción Marcelo Santa Cruz se les dieron efecto retroactivo.

“Eso es una cosa de siembra anticipada de pruebas contra Mafred Reyes Villa crearle delitos específicos para deshacerse de él. Mafred Reyes Villa, Mario Cossío, Ernesto Suarez Sattori, Leopoldo Fernández, sufrieron la siembra de pruebas como el Porvenir o el asesinato del hermano de Suárez Sattori, fue una forma de deshacer el Consejo Nacional Democrático (Conalde)”, dijo.

Por su parte, el diputado Mauricio Muñoz (CN) explicó que Reyes Villa fue víctima de esos grupos de poder que actúan al interior del gobierno de Evo Morales y que muchos de sus procesos fueron “inventados”.

“A eso responde Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz para sembrar pruebas y delitos con efecto retroactivo en una actitud totalmente maquiavélica de este grupo de poder y de terror que ha sembrado delitos en todo el país para deshacerse de los opositores”, sostuvo el legislador.

El proceso contra el excandidato presidencial de CN fue abierto en 2009 por supuestas observaciones al contrato modificatorio del proyecto de construcción del puente Vinto–Sacambaya iniciado por la Prefectura de Cochabamba.