Más sobre el asalto al patrimonio paceño

Siguiendo los pasos de la depredación contra La Paz, tenemos que el Ministerio de Economía y Finanzas pretende construir un edificio en los predios de la actual cárcel de San Pedro sin otra mira que albergar mayor burocracia de su dependencia, para lo cual el Ministerio de Gobierno asume la calidad de sui generis vendedor a favor de su colega ministerial, con cuyo producto construir un nuevo penal en Palca. La lógica financiera de obras de pública necesidad corresponde al Gobierno central o, en este caso, a la Gobernación, con carácter subsidiario.

Con el propósito de preservar para La Paz el manzano de San Pedro en cuestión, el Congreso Nacional votó el año 1993 la Ley Nº 1.511 destinándolo a tuición de la Alcaldía Municipal con fines ornamentales de un parque público. Es de suponer que la indicada ley tenía por objeto sobreponerse a la graciosa cesión en usucapión que algún juez comedido discernió a favor del Ministerio de Gobierno. Como en el país es desechable lo obrado por anteriores gobiernos, la Asamblea Plurinacional fulminó la Ley 494, autorizando así el cambalache interministerial. Tan triste historial no tenía otra finalidad que desconocer los naturales y legítimos derechos municipales.

El sentido común señala que el mejor destino de ese espacio no es otro que convertirlo en área verde que, junto a la Plaza Sucre, ofrezca un hermoso conjunto citadino. Este y no otro es el clamor popular y el GAMLP debe agotar todos los medios para satisfacerlo. Entre las omisiones que a diario vemos, resalta que los asambleístas por La Paz no sólo guarden silencio sino que se hagan cómplices de cuanto atentado antipaceño pasa por el Legislativo.

La voracidad estatal suma y sigue, esta vez, bajo el empeño en demoler el Hospital General de Miraflores, -cuyo bello estilo a mi modesto entender sería renacentista- con destino a la construcción de un edificio de varios pisos en reemplazo de la histórica casa central de la ciudadela médica. El inconsulto proyecto va contra todo criterio de funcionalidad del servicio, atiborrando a todas las especialidades quirúrgicas en una misma edificación, sin compasión tampoco por la masiva concurrencia de enfermos y lesionados que a diario acuden en pos de atención, haciéndolos depender de largas escalinatas y ascensores.

Desde que las alcaldías fueron obligadas a traspasar los hospitales, la Gobernación en lugar de actuar en el mejoramiento de la asistencia médica sorprende con la indicada demolición. Es que los delirios iconoclastas contraídos por contagio del Gobierno Central contra todo lo significa tradición republicana, conducen a semejantes desvaríos. En los casos concretos referidos resalta el afán de atentar contra la memoria colectiva de las generaciones paceñas y su deseo de atesorar el carácter histórico-patrimonial que se erige en la ciudad del Illimani.

Espacio disponible existe en el amplio perímetro clínico de Miraflores y en otras zonas, si se quiere edificar nuevos edificios al efecto. La pretensión de arrasar el Hospital de Clínicas adquiere dimensiones demenciales paradójicamente en nombre de la salud.

Tampoco podemos dejar de considerar el uso de los predios de la Estación Central que están siendo ocupados en parte como parada del Teleférico, lo cual desde luego no cabe objetar. La inmensa superficie –ya bastante depredada- no debería merecer otro uso que el de otra terminal de buses en vista de las incomodidades que confronta la actual, antes de que surja alguna peregrina idea al respecto. Nuestros temores parecen confirmados en cuanto al singular edificio de la Estación Central -obra del arquitecto Mariaca Pando, aportante de espectaculares frontispicios paceños- en vista de la posible ocupación por una “estación artística” según se informa, habiendo logrado sugestionar en ese sentido al ministro de Culturas, Pablo Groux, pero sin que hubiese trascendido a quién se pidió permiso para disponer de este valioso componente del patrimonio paceño.

En verdad la ex Estación debería servir, sobre todo, a los intereses paceños. Si la paceñidad estuviese organizada y presidida cívicamente por un auténtico Comité Pro La Paz, representativo y confiable, nada mejor que otorgarle ambientes de calidad como los que disponen los cívicos del interior o bien, por ejemplo, destinar la que fuera Estación a un repositorio que contemple el pesado y presente paceño. Lamentablemente, mal que nos pese, no tenemos una corporación cívica de la calidad deseada.

Mientras sucede lo señalado y mucho más, sorprende el silencio de las autoridades que el pueblo paceño eligió para su defensa y la similar omisión de las llamadas instituciones cívicas, sumidas en la inactividad, indiferencia y carentes de oportunidad. Paceños y no paceños tenemos el deber de formularnos un examen introspectivo sobre los ideales y valores materiales que atesora nuestra tradición, para reivindicarlos en una cruzada contra amenazas en permanente acecho.

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