La CIJ y el memorial jurídico

Pese al Tratado de 1904, por el cual se afirma que renunciamos al Litoral, se hizo muchas tentativas en diversos niveles y oportunidades, para lograr una rectificación de ese error histórico y práctico, aunque con resultados frustrantes.

Mas, todas esas tentativas, esa labor inteligente en algunos casos, demagógicas y políticas en otras, no dieron resultado positivo. Las negociaciones directas, como de Morales con Bachelet y Piñera, no tuvieron ni comienzo feliz porque los gobiernos de Santiago tienen trazada su línea de conducta y su rechazo es irrevocable cuando se trata de devolver las tierras y aguas usurpadas.

Está fresca en la memoria la reacción de connotados ciudadanos como Franz Tamayo, por ejemplo, ante la posibilidad de obtener un “conclave o corredor”, en compensación por la pérdida de nuestro territorio, aunque tenía entendido que como retribución, Bolivia debía ceder a Chile el uso de las aguas del lago Titicaca para el riego, para usinas y humedecer sus áridos y rocosos territorios.

Poco dice del corredor, lo que le asustaba es lo que Chile haría una vez obtenido un acceso al altiplano: “Si el cielo se apiada de Bolivia y la propuesta chilena es rechazada, prevengo a los bolivianos que una serie de hostilidades caerá sobre Bolivia. Es inútil que el continente esté prevenido”. Nada de eso pasó, porque nosotros nada rechazamos. Chile dejó de lado las negociaciones informales, no respetó tratados internacionales, ni acuerdos bilaterales suscritos, puso oídos sordos ante pedidos de organizaciones internacionales y de países amigos de nuestra causa.

Lo cierto es que una mayoría apoya para no volver a entablar conversaciones con Chile, ya que se debe preservar el prestigio y orgullo nacional, puesto que nuestra demanda está en la Corte Internacional de Justicia. Nuestros derechos, irrenunciables e inalienables, tienen que ser reconocidos por justicia y nos oponemos a cualquier propuesta que signifique canje, pues no podemos trocar lo nuestro por lo que nos fue despojado.

El Procurador General del Estado ha encarado la demanda en tres espacios de trabajo: el primero, el Consejo de Defensa Marítimo, integrado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Presidencia, Transparencia y la Procuraduría. El segundo es el de los asesores externos, abogados internacionales de alto nivel, y el tercero, es el del Agente en La Haya, que debe mostrar el avance de la memoria, mientras Chile pretendería que la CIJ sea incompetente para revisar el tratado de más de 110 años. El Canciller chileno dijo que la memoria presentada es artificiosa, no coadyuva al diálogo, que es onerosa e improductiva.

En este juicio deben estar abogados profesionales en derecho internacional con conocimientos especializados en la materia y dominando idiomas como inglés, oxfordiano, francés. Tener cantidad de funcionarios y asesores y no calidad no es provechoso, dice la opinión pública, ya que el litigio planteado por Bolivia en la CIJ es esencialmente un tema de derecho.

Bolivia si llevó al banquillo de los acusados a Chile en una demanda previa, no interfiere en las relaciones de buena vecindad, pero será necesario que políticos del oficialismo, parlamentarios y dirigentes de movimientos sociales no politicen el tema haciendo declaraciones sin sentido, por buscar notoriedad mediante la televisión. Por el contrario, deberían moderar lenguajes inapropiados, carentes de conocimientos jurídicos y del tema marítimo.