La libertad encadenada

El extraordinario desarrollo tecnológico ha dado un impulso extraordinario a las posibilidades humanas de comunicación. La creciente posibilidad de acceso de la gente a los diferentes medios de comunicación electrónica permite hoy una fantástica capacidad de generación de corrientes de opinión. Pero todo lo positivo de ese desarrollo está motivando, en muchas partes del mundo, la búsqueda de nuevos mecanismos de control de la información.

La conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, este 3 de mayo, ha puesto en evidencia esa realidad. A nivel mundial, según el informe anual de “Freedom House” sobre el tema, de 197 países evaluados en el 2013, sólo el 32 por ciento se ubica en la categoría de libres. El 35 por ciento figura como “parcialmente libres” y el 33 por ciento “sin libertad”. Los datos muestran un deterioro preocupante que el informe atribuye a “los esfuerzos gubernamentales para controlar el mensaje y castigar al mensajero”.

La situación mundial tiene correlato preocupante en nuestro vecindario. Un informe de la Alianza Regional para la Libre Expresión e Información pone el punto sobre uno de los tantos mecanismos al que recurren los gobiernos en ese afán. El documento elaborado sobre la base de una encuesta a 23 organizaciones de la sociedad civil americana “muestra las características del uso y abuso de las cadenas de radio y televisión para difundir propaganda político-partidaria, so pretexto de satisfacer las necesidades de información de la opinión pública de los distintos países”.

Según el documento difundido a nivel continental, “con contadas excepciones”, en casi todos los países “se reglamenta o se impone la obligación a transmitir en cadena de radio y televisión o de difundir en los medios impresos mensajes oficiales en forma gratuita que, en la mayoría de los casos, son más bien propaganda político-partidaria.

Por encima de que se trata de un atentado directo a la libertad del ciudadano de elegir qué canal ver, qué estación de radio escuchar o qué diario leer, se trata de una obligación de impacto negativo en la economía de los medios y los derechos de libre empresa reconocidos por la Constitución. Imponer la difusión gratuita de mensajes oficiales no es más que una forma solapada de confiscar espacios de propiedad ajena. Sin tomar en cuenta, además, la discriminación en el uso de recursos estatales en propaganda y publicidad que genera bases de competencia desigual en el mercado.

Afinidades e intereses ideológicos sustentan en varios países la tendencia a implantar un nuevo paradigma de información, a título de que es derecho de todos. Pero ese afán genera el riesgo de sujetarla al interés de unos cuantos. Es frente a esa realidad que toma cuerpo la importancia del llamado de la ONU cuando implantó, en 1993, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, de preservar la vigencia de medios de comunicación independientes, libres y pluralistas como garantía para la protección del derecho ciudadano a la información, la expresión y la opinión.