Según suboficial Erick Magne

Alto Mando Militar ignoró adecuación de normativas a la CPE desde 2009



SUBOFICIALES Y SARGENTOS MOVILIZADOS PIDEN ELIMINAR EL RACISMO Y DISCRIMINACIÓN EN LAS UNIDADES MILITARES.
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Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas ignoró durante 5 años la adecuación de sus normas a la nueva Constitución Política del Estado, aprobada en febrero de 2009 y la Ley 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación. Tuvieron que esperar que los suboficiales y sargentos alerten del tema el 2012, posteriormente nacen las movilizaciones que hasta el momento siguen en pie.

La nueva Constitución Política del Estado fue promulgada el 7 de febrero de 2009 y desde esa fecha debieron las Fuerzas Armadas adecuar sus normas de “Descolonización” y recién ahora y gracias a los suboficiales y sargentos sentaron una mesa de trabajo de su conducto “natural”, no quienes reclaman y se movilizaron durante más de un mes junto a sus esposas, familiares, Ponchos Rojos y otros sectores.

Uno de los suboficiales, Erick Magne Chinches, ratifica esta versión al anunciar que las denuncias sobre discriminación al interior de las Fuerzas Armadas llegaron hasta el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, el 26 de diciembre de 2012, sin que hasta el momento se haya realizado nada en concreto.

Agregó que el viceministro Cárdenas en respuesta les dijo: “Todavía no se inició la descolonización en las Fuerzas Armadas”. El 2012, el funcionario comprometió seminarios para iniciar la descolonización, pero “hasta ahora no empezó”, según una declaración a Erbol.

Los movilizados sostienen que sus reclamos “están argumentados en lo que manda la nueva Constitución Política del Estado, que efectivamente estipula la igualdad de derechos, no refiere a grados, sueldos, sino al trato digno que deben tener los uniformados en sus unidades, pero también al beneficio de los servicios”. Refieren también que las normas deben adecuarse a la Ley 045, dirigido a la eliminación del racismo y discriminación.

Magne cuestionó que en dos años de constantes peticiones solo sirvió para que los documentos “vayan a los escritorios y se queden ahí, estancadas las solicitudes y no se dé curso”.

DESDE EL 2012

Por su lado y en la misma entrevista, el suboficial Franklin Colque Laime manifestó: “Se hizo bastantes proyectos y pedidos, por ejemplo hay un proyecto del 2012 que indica que nosotros queremos mejorar nuestras condiciones, se habla de un proyecto de nivelación salarial, también se expone la discriminación en las Fuerzas Armadas mediante conducto regular. Entonces ese conducto regular lo único que ha servido es para filtrar y obstaculizar un pedido o un reclamo que atente contra los suboficiales y sargentos”.

MESAS DE TRABAJO

El suboficial Wilson Jerez, ayer en conferencia de prensa, explicó sobre el conflicto en una de las mesas de retiro obligatorio, la cual preside el General Rojas, continúa analizando el retiro de los suboficiales y sargentos además de la reapertura de los institutos militares de las tres fuerzas.

Mientras que la segunda mesa está a la cabeza del general Remberto Durán, inspector del Comando en Jefe, que trabaja en la redacción de la nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), junto con la propuesta presentada por suboficiales y sargentos, pero del mando “natural” y no con los uniformados movilizados y esposas que alertaron de la no adecuación de las normas militares a la nueva CPE, confirmado que el Alto Mando Militar ignoró completamente esa adecuación durante 5 años.

Jerez puntualizó que ambas mesas trabajan desde hace tres días, teniendo un avance de un 70%, estimándose que esta semana se hará conocer los resultados de las conclusiones, que las mismas deben estar apoyadas a la CPE y la Ley 045, reclamo que realizan los uniformados movilizados y las esposas.

Como bien se conoce desde hace más de un mes, cientos de suboficiales y sargentos de diferentes departamentos se movilizaron en la ciudad de La Paz, pidiendo eliminar la discriminación en las FFAA, además de pedir la igualdad de oportunidades, puesto que denunciaron estar prohibidos de acceder a estudios, salud y otros servicios que son de privilegio de grados superiores.

 
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