La Paz y El Alto en incertidumbre por costos del transporte público



Normas y disposiciones buscan la regulación y fiscalización del transporte público entre las ciudades de La Paz y El Alto.

A más de medio año de realizado el estudio técnico que fija la escala tarifaria de las rutas intermunicipales, entre La Paz y El Alto, aún no se ha logrado establecer un sistema de regulación y fiscalización del transporte público que en los últimos años ha entrado en crisis y generado enfrentamientos con la ciudadanía que se siente inconforme e inseguro, con el servicio que este brinda.

“Las autoridades dicen que hay tarifas, pero que los distritos y dirigentes no lo aceptan, pero la verdad es que somos los pasajeros de ambas ciudades los que sufrimos las consecuencias, en las mañanas y noches no hay vehículos, y cobran de acuerdo a la demanda”, manifestó Alejandro Vargas, uno de los pasajeros, que llegó desde La Ceja de El Alto a la Pérez Velasco de La Paz, y que tuvo que tomar otro vehículo para llegar hasta la Av. 6 de Agosto.

Este es uno de los problemas más frecuentes, lo que comúnmente se llama “trameaje”, ya que muchos de los pasajeros deben llegar hasta el centro de cualquiera de los municipios en un vehículo, tomar otro para llegar al centro del otro municipio y de ahí embarcarse en un tercero que lo llevará a su destino final.

“Desde mi barrio pago Bs 1,50 hasta La Pérez, de ahí hasta La Ceja es Bs 2,50 y pasando el cruce de Villa Adela Bs 1,50. Tampoco se encuentra movilidad fácilmente, nadie controla las tarifas ni que los choferes cumplan sus rutas”, detalló Silvia Yujra.

Un estudio realizado por la Dirección Departamental de Transportes y Telecomunicaciones, establece la zonificación de los centros de ambas ciudades, para inhabilitar con la tarifa Ceja-Pérez y acabar con el trameaje.

“Se hizo un estudio de mercado para ver el comportamiento de la base social respecto al sistema tarifario y un ruteo que nos ha permitido verificar si las diferentes líneas cumplían o no con sus rutas asignadas. El trabajo concluyó basado en los dos primeros aspectos, en el de estructura de costos y el estudio de mercado, y por ello hemos establecido la fijación y consenso de tres tarifas concretas que deben regir en el sistema tarifario intermunicipal”, detalló el director de dicha dirección, Julio Salas.

Pero el trameaje y los costos variables de acuerdo a la demanda no es el único problema, otros que EL DIARIO encontró en un recorrido que hizo por el centro de ambos municipios fue la seguridad y el tipo de servicio que brindan los sindicatos de transportes. Después de lo ocurrido con el sindicato Arco Iris, la ciudadanía aún teme que no exista un control y registro que garantice la confiabilidad de los choferes.

“No hay confianza, se ha expulsado a este sindicato de ambas ciudades, pero cómo sabemos que otros sindicatos son confiables, no existe un registro de chóferes, deberían contar con credenciales que garanticen que son miembros de un sindicato o dueños del vehículo o sólo conductores, y de la misma forma con los automóviles, porque no tenemos como verificar que son de transporte público”, señaló Javier Pacheco, otro de los pasajeros.

Salas mencionó que se trabaja en el registro de los más de 22 mil vehículos que cumplen rutas entre ambos municipios, a los que cumplan con todos los requisitos, se les entregará una tarjeta de operaciones, hoja de ruta y orden de salidas.

Al respecto, la Fejuve alteña, a través de su ejecutivo Javier Ajno, manifestó en una anterior entrevista con EL DIARIO, que este tipo de controles y socialización es algo que le compete a la Gobernación y que son ellos lo que deben ver cómo hacen cumplir la norma, aunque sea una labor de todos los actores involucrados.

Desde la Alcaldía alteña, el municipio donde más conflicto se tiene con el sector del transporte, bajo Ordenanza Municipal, se ha determinado el reempadronamiento de las líneas de transporte público, el pintado de franjas de colores identificación y luminarias fijas, para los minibuses, empero de los 500 sindicatos existentes en la urbe alteña sólo dos cumplieron la disposición.

Sin embargo, a pesar de estas normas, así como la socialización de tarifas y controles de seguridad, las propuestas han sido dejadas de lado por falta de interés de las juntas vecinales de algunos distritos, los choferes se oponen a estos cambios indicando que no estarían de acorde a su alcance y a la realidad de la población alteña.

 
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