Presidente de la FAM

Gobiernos municipales ratifican intención de enjuiciar a magistrados

La FAM está preparando una acusación contra el pleno del TCP por el delito de incumplimiento de deberes.


Presidente de la FAM, Juan Carlos León.

Sucre, (ANF).- El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Juan Carlos León, ratificó la intención de ese sector de iniciar un proceso de responsabilidades en contra de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) debido a la demora en la aprobación de cartas orgánicas de varios municipios del país.

León anunció que esa institución está preparando una acusación contra el pleno del TCP por el delito de incumplimiento de deberes, pues sostuvo que las cartas orgánicas municipales constituyen un requisito básico para avanzar en el proceso de consolidación de la autonomía administrativa y política.

“Una instancia que tiene que cuidar los derechos constitucionales, tanto individuales como colectivos, perjudica, en vez de ayudar, a fortalecer la autonomía”, dijo León, quien señaló que el TCP no ha respondido hasta ahora a los requerimientos presentados sobre el estado de las cartas autonómicas.

El directivo de los municipios asociados recordó que las cartas orgánicas municipales se encuentran paralizadas en muchos casos “desde hace más de dos años”, situación que tiene virtualmente paralizado el proceso de profundización autonómica en muchos departamentos del país.

El presidente de la FAM también dijo que el asunto podría complicarse en los próximos meses debido a la realización de las elecciones municipales, que se celebrarán en 2015, con lo que los documentos presentados ante el TCP podrían perder vigencia ante la remoción de autoridades, tanto ejecutivas como deliberantes.

Asimismo, León dijo que esas cartas corren el riesgo de ser modificadas con la nueva composición de los gobiernos municipales que saldrán elegidos en los próximos comicios del año 2015.

En el caso del Municipio de Sucre, el TCP observó la exclusión del proceso de consulta de un segmento de población indígena, por lo cual devolvió la documentación al Gobierno Municipal, el mismo que aseguró que la consulta tuvo la amplitud necesaria entre todos los sectores.

 
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