Defensor del Pueblo pide levantar medida

Delicado estado de salud de la madre del suboficial Gil



Ministro de Defensa Rubén Saavedra. Roberta Leniz, junto a familiares de los tres suboficiales detenidos y Richard Mayta, quien teme por su seguridad, luego de ser notificado por el Comando de la FAB.

En su décimo segundo día de huelga de hambre, paramédicos de la Cruz Roja y el Defensor del Pueblo pidieron ayer a Roberta Leniz viuda de Gil, de 67 años, levante la huelga de hambre que inició exigiendo justicia a los tribunales militares para que dejen libre a su hijo el suboficial Jhonny Gil Leniz, acusado de sedición y amotinamiento, quien guarda detención preventiva hace más de 120 días en un calabozo del Estado Mayor, informó el representante de la defensoría, Gregorio Lanza.

De manera paralela denuncian la emisión de más órdenes de aprehensión y este lunes el exsuboficial dado de baja, Richard Mayta, fue citado al comando de la FAB, acusado de rebelión, amotinamiento y sedición.

En tanto que, Ramiro Cabrera, abogado del suboficial dado de baja, Richard Mayta, dio a conocer que el exuniformado fue notificado para que se presente ante el Comando de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), con el pretexto de realizar una declaración informativa, acusado de rebelión, sedición y motín, pero se analiza si es pertinente presentarse dados los antecedentes de otras “detenciones irregulares y la ignorancia en el tema” jurídico en los tribunales militares.

Calificando de irregular este procedimiento, Cabrera explicó que Mayta fue sometido a una orden de baja obligatoria emitida desde el mismo Comando de la FAB, baja que no fue apelada por el exuniformado y a los 15 días, como dice el reglamento militar, este se habría ejecutoriado, pasando a ser un civil más por lo cual ya no puede ser juzgado en la justicia militar.

DELICADO ESTADO DE SALUD

Según el diagnóstico de paramédicos de la Cruz Roja, la huelga de hambre iniciada por Roberta Leniz, hace doce días, en la plaza Abaroa, frente al Ministerio de Defensa, han provocado que las paredes intestinales de la mujer de la tercera edad comiencen a contraerse, lo cual podría provocarle un cuadro similar al de una peritonitis o una parálisis intestinal, en ambos casos se teme por su vida.

En este sentido, Gregorio Lanza, representante del Defensor del Pueblo, se apersonó a este piquete, donde ya se han registrado cuatro bajas, incluida la de Amelia Mendoza, esposa del suboficial Gil y solicitó, ante la insensibilidad del Alto Mando Militar, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, que la señora Roberta levante la media por un tema humanitario y a fin de no causar más daño emocional y físico a la familia del uniformado, detenido hace más de 120 días, quien además, hasta donde explicaron sus parientes, no ha sido informado de la medida de protesta, para no causar más presión psicológica.

Durante una corta entrevista con El DIARIO, los familiares de Jhonny Gil, además de las esposas de los suboficiales de la FAB, Freddy Sucojayo y Franklin Colque, dieron testimonio de la fortaleza en la determinación de la señora Roberta y que también le han pedido desista de la medida, pero hasta ayer sábado, ella continuaba impasible, tomando de tanto en tanto pequeños racimos de hojas de coca de la bolsita en su regazo, mientras explicaba que no se levantaría del frontis del Ministerio de Defensa, hasta conseguir la libertad de su hijo.

Los suboficiales, Freddy Sucojayo, Franklin Colque, miembros de las Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y Jhonny Gil Leniz, del Ejército, fueron los voceros de todo su sector durante las movilizaciones de abril, protagonizadas por centenares de uniformados que pedían la adecuación de Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), tal cual ordena los artículos transitorios del Constitución Política del Estado (CPE), pero ahora están presos y acusados por sedición y amotinamiento.

Por su parte, Rubén Saavedra, ministro de Defensa, sobre este tema, afirmó que la huelga de hambre de la mujer de 67 años, podría tener “móvil político” electoral y que no contempla la posibilidad del mediar ante los tribunales militares, ya que esto sería una “ilegalidad”, a pesar de que estos han sido observados por tribunales constitucionales en siete ocasiones.

 
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