Vehículos indocumentados

El ingreso casi irrestricto de contrabando al país, en cantidades extraordinarias, no podía exceptuar a los vehículos indocumentados, llamados “chutos”. La Aduana Nacional admite que circulan 33.697 en un cálculo harto conservador, si se ve que sumarían más de 50.000 motorizados ilegales, habiendo quienes sostienen que ingresan por la frontera con Chile alrededor de 100 por día. La Ley de 8 de junio de 2011 sobre Legalización de Indocumentados, dispone el comiso de estos coches y prohíbe su ingreso al país a partir de dicha fecha. Los hechos señalan que esta ley no sirvió de mucho, como tampoco la prohibición de que se les expenda gasolina y diésel.

En Yungas, el norte de La Paz, Chapare, valle cochabambino, Llallagua, Uncía, etc. no sólo las autoridades locales se hacen los de la “vista gorda”, sino que otorgan permisos de circulación a vehículos sin placa ni registro. Se informó que en zonas rurales, determinados regimientos militares proceden de la misma manera. Lo que ocurre en la Asunta y Chulumani, a pocos kilómetros de la sede de Gobierno, bien puede generalizarse al resto de las provincias, donde se vende carburantes en bidones en los propios surtidores y de Bs. 3.74 (precio oficial) se revende a los infractores de Bs. 8 a 10, burlando toda norma contraria. Esta situación no tendría lugar si no encontrara amparo en la impunidad.

Sin duda, el proceso se inicia en los resguardos aduaneros fronterizos que de una u otra manera resultan ineficaces. Las famosas “trancas” al interior del territorio son otra fácil presa de soborno. En Uncía, la Asunta y otras poblaciones, se transa simplemente por el vehículo “chuto” o se lo vende incluyendo placa de circulación, SOAT y documentos de propiedad según demande el comprador, por supuesto, todo falsificado o producto de robos a otros vehículos.

En Oruro se denunció 500 robos de placas, las cuales tienen destino seguro y garantizado en el Chapare. Si las cosas se complicaran se cuenta con la complicidad de muchas autoridades y, por último, con la de fiscales y autoridades judiciales. Este retrato no puede menos que sugerir que el “Estado aparente” del pasado -tan criticado por el Gobierno-, sigue en boga, y las fronteras donde la soberanía estatal debería estar fuertemente arraigada, resultan demasiado franqueables a la ilegalidad.

Respondiendo a los pedidos de que se dicte una nueva legalización de estos vehículos, personeros del Gobierno y del Legislativo insisten en que no se accederá a lo que denominan “chantaje” de “delincuentes confesos”, organizados en nada menos que una curiosa Asociación Nacional de Propietarios de Vehículos Indocumentados. Este organismo que parecería curioso e insólito, reivindicando la violación de la ley, no es único en el país, sobre la base de muchos antecedentes similares. No obstante la rotundidad y negativa preelectoral del Gobierno, no está lejano el día en el que veamos la legalización de esta invasión de “chatarra” gran consumidora de hidrocarburos, además de factor degradante del medio ambiente. Son conocidas las disposiciones deferentes “por última vez”, pero desmentidas por actos oficiales repetidos.