Afectan a la prensa más obligaciones

El Reglamento de la Ley de Seguro de Vida de Trabajadores de la Prensa crea un nuevo tributo que agrava la situación financiera y limita el desarrollo de los medios de comunicación del país, proyectándose también contrario a la libertad de expresión garantizada por la Constitución Política del Estado. Si la medida se analiza en términos generales se inscribe en una indudable perspectiva antiempresarial

La Asociación Nacional de la Prensa, que aglutina a toda la actividad libre del ramo, reiteró en distintas oportunidades que no se opone a la vigencia del seguro para los trabajadores de prensa en sus distintos niveles, pero no puede menos que objetar los supuestos cálculos financieros desfasados de los parámetros reales que debe cubrir. Estos y otros puntos de vista expresa la ANP en un documento hecho público en fecha 3 del mes en curso. En el mismo formula preguntas que por sí solas reflejan las falencias de las disposiciones en cuestión. Estos son los interrogantes: ¿Cuánto se proyecta recaudar?, ¿cuántos son los beneficiarios?, ¿cuánto será el monto estimado del seguro per cápita? Transcurren tres años desde el surgimiento del espíritu de estas normas, pero sus textos aún no han respondido a tan capitales alcances que debían constituir su verdadera razón de ser.

La ANP recuerda que en julio de 2014 hizo notar a la Asamblea Legislativa y al presidente Evo Morales mediante correspondencia específica, que la ley modificatoria comprometía aún más las condiciones que hacían propicia la corrupción en la administración del fondo de seguro de vida. Se trata de la conformación de su cuerpo directivo, integrado sólo por el Estado a través de varios de sus ministerios y reparticiones y por dirigentes sindicales. Se advierte de inmediato que un ente orientado a su correcta administración debe necesariamente conformarse con los estamentos concernidos. En este caso es demasiado notoria la exclusión de la prensa como entidad financiadora que, en esa calidad, velaría por un manejo transparente.

Sobresale, al mismo tiempo, que el incumplimiento de los aportes asignados -un porcentaje de los ingresos brutos de la prensa- será sancionado con el retiro de avisos y publicidad estatales, aplicación coercitiva conducente en último término a la liquidación de los medios independientes de expresión e información.

Se revisa también las cargas que recaen en las empresas del ramo, a las que se añade esta nueva disposición, además -señala la ANP- de “la obligación de publicar avisos gratuitos de campañas que corresponden a las funciones específicas del Gobierno a través de sus diferentes secretarías”.

Se ve clara, por otra parte, una política inductora a la desincentivación de la actividad informativa nacional, alejando así la labor de información, fiscalización y crítica que, con la debida responsabilidad, tiene que cumplir la prensa independiente. Diversos mandatarios de la región, como del Brasil, Uruguay, Costa Rica, etc., sostienen con decisión que el sistema democrático es inseparable de la más amplia libertad de prensa.