Panorama electoral y democracia


 

La democracia no nace por decreto ni se consolida sólo por la participación mayoritaria, necesita canales adecuados que le den vivencia y de los cuales pueda surgir en todo su vigor un sistema político de beneficio colectivo. Por sí mismo, el ejercicio mecánico del voto cada cinco años no llena los componentes de una verdadera democracia. La institucionalidad, la alternancia y los partidos en todo el alcance del término, son algunos de sus componentes necesarios, además de muchos otros factores constructores del Estado de Derecho, sin el cual no se puede hablar de una democracia moderna.

Tanto la elección general de octubre pasado como las subnacionales que se avecinan, muestran la falta de verdaderos partidos políticos que puedan aspirar a llamarse tales, así como de la cobertura de un órgano electoral eficiente e imparcial, imparcialidad que debe partir también desde el resto de órganos o poderes del Estado.

La debilidad de los partidos se manifiesta en su falta de figuras para proponerlas al electorado, debiendo recurrir a candidatos prestados o improvisados. De ello no se libra ni el MAS, como lo demuestran sus apuros en Cochabamba, Santa Cruz y otros distritos. En este caso concreto, se suman los disidentes con candidaturas propias que, indudablemente, quebrantan la unidad. No podía ser de otro modo, dado que el MAS se compone de distintos movimientos sociales, cuya cohesión depende de los cupos logrados en los diferentes niveles del Estado. Se trata, pues, de una asociación de sectores y no de un partido político.

Si las elecciones se basan en la pluralidad política, el Gobierno democrático constituido se debe a toda la sociedad y debe servir por igual a la población, sin exclusiones ni prejuicios. Por ello en el presente proceso, como en los anteriores, no deja de llamar la atención que el líder y presidente Evo Morales, incida en que la mano del Gobierno llega mejor a las autoridades que gocen de su confianza y que con esas autoridades “se trabaja mejor” en la concreción de obras. Los distritos -grandes o chicos- y las regiones tienen necesidades y aspiraciones a las que se debe atender por igual en la medida de lo posible, aunque sus autoridades respondan o no al oficialismo.

La proximidad de la elección de gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales, concejales, etc., es un nuevo y difícil desafío para el Tribunal Supremo Electoral, organismo que en opinión general no salió bien librado del proceso de octubre. Hasta el momento recoge variadas críticas, como aquella a la Circular que veta la participación de senadores y diputados cesantes a cargos electivos departamentales y municipales, por no haber residido 2 años continuos en sus localidades.

Al TSE antes de fulminar la participación de numerosos y connotados candidatos, le correspondía recurrir en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional para tener seguridad si dicha Circular podía tener asidero legal, permitiendo que la instancia dirimitoria en la materia pueda cotejar los mandatos constitucionales irrenunciables y de fondo en la situación planteada. En ausencia de dicha consulta preliminar surge la impresión de que las actuaciones del TSE favorecen al oficialismo. Transcurridos 10 años del actual esquema de Gobierno, parece tiempo adecuado para que sus organismos dejen de tropezar en las mismas piedras que, muchas veces, se colocan a sí mismos.

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