Indemnizaciones por nacionalizaciones

En oportunidad de un informe público, el responsable de la Procuraduría General del Estado hizo conocer que durante el año 2014, actuando en “defensa legal del Estado”, el Gobierno boliviano pagó a tres firmas extranjeras, cuyos bienes fueron nacionalizados en Bolivia, la suma total de 392 millones de dólares. Agregó que, a la par, se había pagado menos de lo que demandaban los afectados y que están pendientes de solución los pagos a otras empresas extranjeras nacionalizadas en años anteriores.

Esa autoridad señaló, al mismo tiempo, que después de largas y complejas negociaciones ante tribunales internacionales, fue posible que el Estado boliviano sólo llegue a cancelar el 63 por ciento del total de las indemnizaciones demandadas, vale decir que se habría ahorrado importantes montos de deudas que llegaban al total de 1.835 millones de dólares. Ese dato permite considerar que el ahorro efectivo fue de 1.443 millones de dólares.

Las empresas extranjeras nacionalizadas en años anteriores, y que fueron indemnizadas el año pasado, fueron Guaracachi IN y Rurelec PLC a la que se pagó 31.5 millones de dólares; a la Red Eléctrica internacional SAU, 36.5 millones de dólares y a la Pan American Energy LLC que recibió en pago 324 millones de dólares, o sea un total para las tres de 392 millones de dólares.

El Procurador General no informó qué montos se pagó a otras empresas extranjeras nacionalizadas desde el año 2006, datos importantes para conocer en qué forma el Gobierno dispone de los recursos del Estado. Por otro lado, esta autoridad indicó que todavía Bolivia tiene juicios de arbitraje pendientes ante tribunales internacionales, gestiones que posiblemente determinen que el Estado boliviano tenga que pagar otras indemnizaciones.

Las otras firmas extranjeras que demandaron a Bolivia pago de indemnizaciones, por montos que recién serán conocidos con base en afollé legales, son Albertis Infraestructuras SA; Jindal Steel Bolivia; South American Silver Limited, Química Industrial de Bórax Limitada, Iberdrola y otras. Estas empresas demandan al Estado boliviano crecidas sumas por diversas causas.

Las informaciones conocidas revelan que en últimos años, el Gobierno canceló en primer lugar importantes indemnizaciones a empresas con las que se llegó a acuerdos sobre la base de negociaciones entre parte o decisiones de tribunales internacionales. En segundo lugar, el año pasado canceló otras sumas y en tercer lugar, se prepara para pagar un tercer período de indemnizaciones. En síntesis, en las tres etapas de pagos, los montos que habrá pagado el Estado alcanzarán a proporciones considerables, que podrían llegar a alrededor de 2 mil millones de dólares, salvo error u omisión.

El procurador General del Estado, Héctor Arce, afirmó que culminó su gestión de 2014 y que los ahorros realizados fueron producto de “un año ‘extraordinario” en defensa legal, aunque no en defensa económica del Estado, ya que éste se vio obligado a atender las expropiaciones realizadas en cumplimiento de la Constitución y “la política de recuperación del presidente Evo morales”.