Legislativo debe autorizar a Fiscalía indagar privatizaciones

El Ministerio Público debe solicitar permiso a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para iniciar un proceso de investigación preliminar sobre las dos proposiciones acusatorias contra trece exautoridades involucradas en procesos de capitalización y privatización. Cumplido este paso, recién se podrá iniciar un juicio, informó el exsenador del Movimiento al Socialismo (MAS), Adolfo Mendoza.

En tanto, desde el Parlamento anunciaron ayer que en los próximos días se conformará una nueva comisión mixta que prosiga con la investigación de las capitalizaciones y privatizaciones entre 1989 y 2000.

“El Ministerio Público tiene 30 días para pronunciarse y solicitar, después, una autorización de la Asamblea Legislativa para convertir las proposiciones acusatorias en investigación preliminar. Ese paso es necesario y la Asamblea deberá debatir en su momento la autorización para iniciar la investigación preliminar y luego recién instalar el juicio”, explicó Mendoza en radio Compañera.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes son los tres supuestos delitos que habrían cometido 13 exautoridades durante el proceso de capitalización y privatización, según la Comisión Mixta que investigó los procesos de capitalización y privatización entre 1989 y 2000.

Estos son los resultados de dos proposiciones acusatorias, una por la entrega de recursos del Estado a la institución privada denominada Fundación para la Producción (Funda-Pro). En este caso los principales acusados son Samuel Doria Medina, Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes, Reynaldo Peters, Arturo Beltrán Caballero y Flavio Escobar Llanos.

La segunda proposición acusatoria es por la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE). La Comisión Mixta observó irregularidades en la formación de la Empresa Ferroviaria Andina Sociedad de Economía Mixta (FCA SAM), que luego fue capitalizada. Sus acciones fueron entregadas, por un valor menor del real, a la empresa Cruz Blanca de Chile.

Los responsables en este caso son: Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Afcha, Reynaldo Peters, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos Sanjinés, Fernando Candia José Luis Landívar y Rolando Suárez.

INFORMES

Hasta la pasada semana, los exlegisladores que fueron parte de la Comisión Mixta que investigó los procesos de capitalización y privatización presentaron sus declaraciones informativas en la ciudad de Sucre sobre el trabajo que se realizó en dicha comisión y las conclusiones de las dos proposiciones acusatorias en términos específicos.

Tras este trabajo, los fiscales y el Ministerio Público van a citar a las personas anunciadas antes de carnavales. “Estimamos que lo van hacer este semana o la próxima”, afirmó Mendoza.

En este proceso también participará la Contraloría General del Estado entidad que junto a la Fiscalía, después de recibir las declaraciones informativas de los supuestos acusados, determinará si las proposiciones acusatorias se amplían a otras exautoridades o se excluyen a algunas personas citadas en ambos documentos.

“No es que se cierra todo a partir de estas proposiciones contra trece exautoridades. El Ministerio Público puede generar ampliación si es que encuentra elementos ampliatorios y al mismo tiempo la Procuraduría lo puede hacer, a la vez la Asamblea Legislativa Plurinacional podrá iniciar nueva proposiciones acusatorias”, indicó.

Con todo, los asambleístas de la gestión 2010-2014 sugirieron a la nueva ALP conforme una nueva comisión mixta de investigación de estos procesos y que prosiga el proceso indagatorio en base a lo que ya se avanzó hasta el momento en base a tres premisas: “Primero, qué se vulneró en el marco normativo boliviano como es la constitución, leyes, decretos. segundo, cuánto perdió el país y cuáles fueron las consecuencias. Para ello se trasladan en proposiciones acusatorias”.

El presidente nato de la ALP, Álvaro García, en la presentación del informe de la Comisión Mixta, pidió que el Ministerio Público actúe con severidad contra las exautoridades y les imponga una sentencia “ejemplificadora” por la venta de varias empresas del Estado a empresas extranjeras y privadas.

“Esto es traición a la Patria, a esto llamamos traición a la patria (…). El tiempo no les da impunidad, la mano larga de la justicia irá cinco, diez, 20, 30 años atrás para jalarles del cuello y que ahora paguen sus fechorías ante la justicia”, sentenció García. (Yolanda Mamani Cayo yolyta4@gmail.com)