Víctimas de fiscales protestan y conforman una asociación

Una insólita jornada se vivió ayer en puertas del Ministerio Público, cuando un grupo de ciudadanos, agrupados en una “asociación”, que busca su personería jurídica, se apostaron con pancartas y reclamaron justicia por los abusos y supuestos actos de extorsión que habría cometido en funciones el fiscal Humberto Quispe.

Por otro lado, la dueña del departamento en el que vive la fiscal de Distrito, Patricia Santos, denunció ante los periodistas, que la autoridad le adeudaba más de 93.000 bolivianos por concepto de tres años de alquileres.

“Quispe a Chochocoro, Quispe a Chochocoro” fueron los gritos de al menos 20 ciudadanos que con carteles y documentos de procesos en contra del fiscal Humberto Quispe (ahora destinado a Pucarani) protestaron ayer luego de que la Fiscal de Distrito se negara a recibirlos. Entre las víctimas existen abogados, exmilitares, joyeros y comerciantes.

El grupo de personas afirmó que el día lunes se concretó una reunión con funcionarios del Ministerio de Gobierno, que les aseguraron el seguimiento de los casos, “pedimos al fiscal general (Ramiro Guerrero) que se pronuncie, él conoce de estos hechos”, afirmaron.

Al respecto, Quispe en declaraciones anteriores admitió que enfrentó procesos disciplinarios, que tuvo sanciones en algunos y que él se responsabilizó de sus errores.

“Si yo en algún momento cometí errores, que me procesen, está bien; pero yo jamás incurrí en corrupción, yo no soy corrupto”, dijo en una anterior entrevista. 

Respecto a la resolución sumariante de octubre del 2014, el fiscal dijo no recordar de ninguna sanción que implicara su destitución. “No me notificaron de eso”.

DESTITUCIÓN

Rubén Taborga, uno de los afectados, mostró las copias de un documento firmado por el tribunal disciplinario de la Fiscalía General del Estado, en un proceso ganado por su persona donde se sanciona a Quispe con el descuento del 40 por ciento de sus haberes y la destitución definitiva del cargo y la carrera de fiscal al interior del Ministerio Público, fechada en octubre de 2014, lo extraño es que este fallo no fue ejecutado por la Fiscalía de Distrito.

Carmiña Luna, otra de las víctimas, señala que abrió proceso penal en contra de Quispe denunciando que éste pretendió robarle su inmueble, con documentación también hurtada y que estos aspectos fueron probados a lo largo de la investigación.

En caso de Luciano Gutiérrez, de un taller de joyas, señala la extorsión de siete mil bolivianos, y el cambio de piezas de oro por cobre, con una pérdida de 40.000 dólares en este producto, además del secuestro y tortura de su hermano.

Luna señala que a raíz de no hallar justicia y debido a que el fiscal que atiende su caso, también dilata el proceso, (en dos años ni a una sola citación asistió Quispe) es que llegó a conocer a otras víctimas que suman más de 20, pero solo 10 de ellos dan la cara porque el resto fue amenazado de muerte, “Quispe tiene contacto con gente delincuente y todos tienen temor, incluso aquí (otros fiscales), tiene temor, se sienten perseguidos”, declaró Luna.

Según las víctimas, Quispe opera en complicidad de un consorcio de abogados, policías, otros fiscales y jueces, con quienes organizaría actos delictivos.

ALQUILER

A la misma hora, coincidió con esta protesta otra víctima, pero esta vez contra la fiscal de Distrito, Patricia Santos.

“La doctora Patricia Santos y el doctor Aldo Heredia (esposo) me adeudan más de 93 mil bolivianos por casi tres años de vivir en alquiler en mi departamento, el monto por mes de 2.600 bolivianos y ellos no han pagado ni un peso. Yo ayer he escuchado declaraciones del doctor Heredia que me está buscando para pagarme, eso es falso, porque ellos tienen mi teléfono, saben dónde vivo, (…) yo he estado en la Fiscalía muchas veces tratando de solucionar este tema”, explicó Mariela Andrade, dueña del departamento, ubicado en un céntrico edificio de la zona de Sopocachi.

Andrade afirma que tienen cuatro demandas en lo Civil y Penal en contra de Santos y su esposo, en la cuales se establece que luego de firmar el contrato, en junio del 2011, la ahora Fiscal de Distrito, con semblante afligido, le solicitó prestado el contrato para verificar una cláusula, al verla en ese estado, Andrade le concede el documento y hasta la fecha no le fue devuelto. El último pago se hizo en mayo de 2012.

Por el lado de la fiscal Santos, el día lunes, cuando ya trascendió la denuncia de Andrade, ésta se negó a declarar sobre el tema, aseverando que éste era un tema civil y personal, pero su esposo de la misma, habría concedido entrevistas en medios de comunicación radiales a los cuales desmintió y afirmó que deseaba pagar la deuda ya que tenía otro departamento.