Impunidad en El Choro

Cuatro muertos es el resultado de tres enfrentamientos entre pobladores de El Choro provincia Nor Yungas del departamento de La Paz, ocurridos en 2009, junio de 2014 y octubre del mismo año, siendo la causa principal la explotación de oro, situación que preocupa porque existe ausencia del principio de autoridad, dijo ayer el abogado de los familiares de Silverio Olivares, Andrés Zúñiga, además observó que hasta la fecha la fiscal asignada a la investigación Susana Boyan no “ha demostrado voluntad para sancionar a los responsables”.

Los hechos luctuosos fueron protagonizados por habitantes de El Choro Grande y Capirpata, todo por hacer respetar el derecho propietario sobre la mina de oro.

En estos actos de violencia se dijo que tuvieron participación “sicarios” contratados para atemorizar y hacer desaparecer a sus contrarios de El Choro Grande. Es territorio de nadie, “existe ausencia de tutela judicial”, dijo Zúñiga al mencionar que la primera víctima de 2009 fue identificado como Toribio Mamani Mamani, muerto con diez disparos de arma de fuego.

Dionicio Ciama Quispe, Ventura Balmaceda Mollo, Elmeregildo Cocarico, Julio Alarcón y Richard Ciama Cocarico resultaron heridos por disparos de arma de fuego, todos pertenecen a la comunidad de El Choro Grande.

En junio de 2014, Aurelio Mamani y Marcos Cocarico perdieron la vida por disparos de arma de fuego en la localidad de Capirpata, adyacentes de Trinidad Pampa, los principales sindicados fueron Javier Mayta y Gregorio Cocarico, además de Richard Ciama, Ramiro Balmaceda, Silverio Olivares y otros que fueron enviados a la cárcel en calidad de detenidos preventivos.

Según Zúñiga a tres meses de estos hechos, octubre, en el mismo lugar dijo Silverio Olivares (testigo clave de los asesinatos de 2009) fue muerto con impactos de bala y como presuntos responsables de este hecho fueron identificados, Bernardino Paxi Limachi, Fridolino Durán Paxi, Primo Paxi Limachi, Abelino Mamani Alanoca, Ortencia Chura, Javier Quispe Quispe Celino Azuseno Villca y otros, sin embargo ninguno está imputado, en criterio del Abogado por una mala administración legal porque hay ausencia de tutela judicial

“En este caso, pasa lo mismo que en 2009, en cuanto a la relación de causa y efecto, es decir, parece el mismo modus operandi concentrado en un interés y determinado acto. Ese lugar es un territorio altamente peligroso, ambas comunidades en pleno Estado de Derecho no respetan sus derechos, hay ausencia del Estado, hay ausencia del principio de autoridad, eso es para nosotros altamente preocupante”, sostuvo Zúñiga.

Debido al temor que existe en el lugar muy difícilmente se pudo realizar una inspección ocular debido al alto grado de beligerancia. “Hay una amenaza de confrontación”, dijo.

En ese sentido lamentó que hasta la fecha no haya “resolución del conflicto” porque la fiscal Susana Boyan “toma una posición de desinterés a los valores de la vida, por eso le dijimos a la fiscal que se aparte sino tiene interés”.

EL DIARIO fue en busca de la representante del Ministerio Público, pero lamentablemente la oficina de la fiscal Boyan se encontraba cerrado.

Finalmente, Zúñiga informó que mediante una carta al Ministro de Gobierno le hace conocer la preocupación de la víctima sobre la ausencia de justicia en este caso.