Las dos últimas elecciones

Acabamos de asistir a uno de los procesos electorales más cuestionables de la historia del país, por la intervención directa del Gobierno a favor de los candidatos oficialistas y una parcialidad sin atenuantes de los tribunales electorales a nivel nacional (TSE) como de los 9 de nivel departamental, situación que colocó a los partidos opositores en una desventaja más que evidente, echando por tierra de nuevo la vigencia de un sistema democrático aceptable.

Sería abrumador agotar la reseña de transgresiones e irregularidades acontecidas en la elección general de octubre 2014, como en la segunda vuelta efectuada en días pasados. Sin embargo, vale la pena puntualizar algunos de tales hechos, con la esperanza de que en el futuro inmediato y mediato la memoria colectiva sea un freno y se pueda vislumbrar un ejercicio democrático puro y limpio al que aspira el país infructuosamente.

Ese panorama se inició bajo la sombra de la invalidación de 228 candidatos de la oposición en el Beni, con el pretexto de haberse difundido encuestas de voto con anterioridad al acto electoral en ese departamento. De esta suerte, se vulneró el derecho constitucional sustantivo a ser elegidos por un motivo que resulta adjetivo, pero a su vez respaldado constitucionalmente por el derecho de libre expresión y difusión. De lejos esta medida hace ver su origen premeditado para sacar de en medio al líder regional opositor Ing. Ernesto Suárez, ex gobernador del Beni.

Otro extremo muy visible fue la entrega de obras públicas por el presiente Evo Morales en época eleccionaria -reservadas a propósito para la ocasión-, en compañía de los candidatos del MAS, contraviniendo expresas prohibiciones de la Ley de Régimen Electoral, así como de reiteradas circulares del TSE, de que autoridades y funcionarios del Gobierno (incluido el Jefe del Estado) no pueden realizar campañas en horarios laborables. Los tribunales electorales fueron sordos y ciegos frente a estos incumplimientos. Así cuando el presidente Morales realizaba intensa campaña en Tarija en vísperas del plebiscito, haciéndose de la vista gorda y negándose a sí mismo el TED adujo que no había recibido denuncias al respecto y que tampoco actuaba de oficio.

Reviste el mayor interés público que se revele cuánto erogó el Estado en este febril despliegue oficial, ya que en determinadas fechas trasladó casi al gabinete en pleno a la campaña en Tarija y Beni. El vicepresidente Álvaro García rivalizó en proselitismo con S.E., pero no logró superar al ministro Ramón Quintana, quien trabajó a tiempo completo en el Beni en demanda del voto para el candidato Ferrier.

Finalmente, sintetizan el panorama las advertencias del primer mandatario de no “trabajar” con las autoridades opositoras que resultaran elegidas y que, por tanto, las poblaciones debían decidirse por recibir o no obras públicas. Pero no sólo la presión y la amenaza fueron patentes, sino que se llegó al extremo casi inverosímil de castigar a concejales elegidos bajo la sigla Frente Único (disidente del MAS) en Shinaota y Entre Ríos, del Chapare, expulsándolos de los sindicatos cocaleros de la región, decisión supuestamente asumida en reunión con el primer mandatario, según informaciones radiales. El castigo se extendió a despojar de sus “catos” de coca a los concejales librepensantes por disposición de las Federaciones Cocaleras del Chapare. ¿Puede este atropello inscribirse en un contexto democrático? La respuesta debería ser negativa, empero la indicada región cochabambina viene a constituir un Estado dentro del Estado, donde ni autoridad ni ley alguna pueden por ventura prevalecer sobre dichas Federaciones.