Denuncias sobre violencia contra escolares y colegiales

Desde hace mucho tiempo, abundan las denuncias sobre violencia escolar (“bulling”, en inglés) que se produce en escuelas y colegios públicos y privados; pero esos gritos de alarma no tienen suficiente eco en autoridades del Ministerio de Educación, en la Policía, otras entidades y se impone la política del “dejar hacer y dejar pasar”.

Muchos niños y niñas sufren violencia por parte de algunos profesores y lo más grave es que se forman grupos de niños y jóvenes de ambos sexos que “viven para maltratar” y toman como víctimas a niños o niñas y no trepidan en causarles daños físicos y psicológicos. Hay casos increíbles, en los que algunos padres de familia parece que fomentan la conducta de sus hijos que provocan esos daños. Los casos denunciados a la dirección del establecimiento no tienen respuesta y la impunidad es parte de la conducta de quienes abusan, lastiman, violentan, torturan y maltratan a niños y niñas que han resultado víctimas propicias de su insanía.

Hay casos preocupantes que son conocidos por profesores, directores y alumnos, pero nadie dice ni hace algo; parecería que el miedo se apoderó de todos y, si hay complicidad o indiferencia de padres de familia, los hechos tienen mayor contundencia. Se percibe desesperación en muchos padres de familia que no saben a quién recurrir, qué hacer, qué decir y qué medidas adoptar ante la avalancha de hechos que, muchas veces, se producen a diario, sea en clase, durante los recreos o a la entrada o salida de establecimientos. Recurrir a otro colegio o escuela es para recibir la misma respuesta: “No hay espacio, o las clases empezaron hace tiempo”.

El Ministerio de Educación, la Policía y otras instancias que han recibido las denuncias no tienen que asumirlas con indiferencia y nomeimportismo. Las personas afectadas por este tipo de delincuencia escolar, protagonizada por alumnos que tienen la misión o la vocación de hacer daño, han tratado de conciliar criterios, armonizar situaciones con los padres de familia, pero han recibido la respuesta de la indiferencia o tan sólo la sugerencia: “saque a su hija o hijo del colegio”.

El problema es grave y las autoridades no pueden ignorarlo; tienen, por principio, la obligación de actuar sobre los directores, profesores y autores de los hechos, entendiendo que no puede imperar el abuso a niños en ningún establecimiento escolar donde, por principio, debe reinar la armonía, el respeto y la consideración por los derechos de todos.

Muchas veces, se sostiene que el problema es de “las escuelas y colegios del Estado”, pero el extremo se radicaliza, en varios casos, en establecimientos privados donde tampoco hay autoridad que pueda poner freno al vandalismo de quienes obran por mala inclinación, por carencia de valores y principios o, simplemente, porque haya incitación de extraños que no ven bien que haya paz y tranquilidad para los niños que, puede ocurrir, se vean obligados a responder con la misma conducta.