[Alberto Zuazo]

Punto aparte

Gobernaciones condenadas al fracaso


Las nueve gobernaciones del país están condenadas al fracaso, porque el Gobierno les niega elevar sus ingresos, a través de impuestos propios. Los que recauda el Estado los destina a los gastos oficiales, muchos de los cuales se constituyen en derroches y despilfarros. En concreto, sólo sirven para promocionar la popularidad del oficialismo.

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, puso el dedo sobre la llaga, al decir que el Departamento recibe del Presupuesto Fiscal nada más que 300 millones de bolivianos para ejecutar proyectos de desarrollo.

Si este es el caso de La Paz, que es la sede del Gobierno, es de suponer que los restantes departamentos del país se encuentran en igual o peor situación.

La excepción es Tarija que, por haberse constituido en el mayor productor del gas natural que se exporta, cada mes recibe el ingreso de 50 millones de dólares, según los informes oficiales.

Patzi puso de manifiesto el desfinanciamiento que sufre La Paz, en la sesión de honor que realizó el Consejo Departamental, el miércoles último, en homenaje al 206 aniversario del Grito Libertador de La Paz.

A la ceremonia asistió el presidente en ejercicio Álvaro García Linera, quien, refiriéndose a la queja del Gobernador, admitió que, efectivamente, “los recursos son pocos y ahí tiene razón el gobernador Patzi” y que similar situación viven las otras gobernaciones... pero, aquí mi queja: falta una visión productiva de las gobernaciones”.

Causan desconcierto y puede calificárselas de agraviantes las palabras de García. Es poco menos como decirles a los gobernadores que son unos tontos, cuando les dice que carecen de “visión productiva”. Con ello, demuestra que no sabe nada de administrar recursos, pues si éstos son modestos, resulta improcedente expresarles que tienen carencia de visión.

La ecuación es elemental. Cómo puede ejecutarse proyectos productivos si el dinero que se tiene para invertir en ellos virtualmente no existe.

Además, demuestra que ignora o pasa por alto que el Departamento de La Paz tiene 20 provincias. A cada una le corresponderá recibir la vigésima parte de los 300 millones de bolivianos, o sea apenas 15 millones de bolivianos para invertir en “proyectos productivos”, para todo un año.

En cambio, el Gobierno anuncia con frecuencia que miles de millones de dólares invertirá en uno y otro proyecto, destinado principalmente a demostrar elevada eficiencia y creatividad administrativa, cuando en el fondo son subterfugios políticos para ganar popularidad.

En todo caso, lo preocupante es que las gobernaciones quedan en la inermidad operativa, pues, en el caso específico de La Paz, con 300 millones de bolivianos para distribuirlos entre 20 provincias, casi nada puede ejecutarse en proyectos productivos en cada una de ellas.

De acuerdo con el razonamiento que efectúa el gobernador Patzy, la causa para limitarle a La Paz sus ingresos radica en el proyecto de Estatuto Autonómico, que será sometido a referendo este año.

El Gobierno debería permitir una reestructuración de ese documento, para introducirle previsiones que establezcan el crecimiento de los ingresos para La Paz. La opción más accesible para ello sería que se le transfieran las recaudaciones de algunos impuestos que se aplican a lo producido en el Departamento.

La alternativa podría ser que las inversiones que realiza el Gobierno en la región sean ejecutadas por la Gobernación. Empero, el requisito indispensable es que los proyectos del caso sean los que necesitan las provincias y no los que por cuenta propia aplica el aparato estatal, que en la mayor parte de las veces no tienen los indispensables estudios de pre factibilidad y factibilidad. Menos, consultan los requerimientos inmediatos que tienen las provincias y, en conjunto, el Departamento.

La cuestión es que el Gobierno no hace nada para atender las preocupaciones del gobernador Patzi, pues incurriría en un atentado a los intereses del Departamento de La Paz. El resultado final se traduciría en el atraso de su desarrollo y crecimiento económico y social.

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