Narcotráfico en Bolivia y Argentina

El anuncio acerca de que 54 policías son investigados por “vender información” a los narcotraficantes y el “descubrimiento” de que una flota de camiones cisternas, contratada por YPFB, provee de cocaína al norte argentino, atestiguan el grado de contaminación de las instituciones.

En cuanto a lo primero, se ha informado por fin que serían de 15 a 20 policías detenidos bajo el cargo de traficar con información confidencial, descorriendo el velo de que las intervenciones a laboratorios de fabricación de cocaína jamás encontraban a sus operadores y menos a los jefes mafiosos. Esta evidencia era obvia, pero hasta ahora nadie la puso en blanco y negro. El misterio que empieza a develarse no solamente es de larga data, sino que revela una suerte de complicidad en los organismos de lucha contra el narcotráfico.

Una intervención del presidente Evo Morales el día 27 de julio en algún acto oficial de la Policía Nacional, entre reticente y discreta, dejó escuchar lo siguiente: “en algún momento sospeché (fuga de información), algunos serán civiles (¿), algunos de ustedes, muy pocos, que venden información, donde hay que operar…”. Mientras esto ocurre, todavía el Gobierno sigue diciendo que la guerra contra el narcotráfico va mejor desde que la DEA fue echada del país. Si tales organismos asumían posiciones de dirección, parece no tratarse de una actitud caprichosa ni por molestar, sino que hechos como estos de tráfico informativo vendrían a explicar por qué era necesario hacerlo.

Sucede que, en cierto modo, YPFB resulta envuelto en hechos de narcotráfico por haber licitado a la empresa de cisternas Creta, año tras año, el transporte de insumos para gasolina y otros a Argentina y viceversa. Autoridades judiciales del vecino país han establecido que dicha transportadora ejerció el ilícito tráfico por los menos desde 2011. En parecidas actividades se encuentra inmersa la similar Vartra-Boliq.

El propietario de Creta, señor Juan Luis Sejas Rosales y 4 de sus familiares estarían investigados por la fiscalía de Santa Cruz, a quien el diputado Tomás Monasterio lo demandó por legitimación de ganancias ilícitas. El juez Raúl Reynoso de Orán (Argentina) liberó a Sejas Rosales de su detención preventiva en el hotel en que se hospedaba, por tratarse –dice- de un “partícipe secundario” en un caso de este tipo, además de haber ordenado el trasvase del contenido de un cisterna de Creta a otro del mismo propietario, transporte que no cargaba propiamente alcohol etílico, sino tolueno, precursor de la cocaína. Los únicos detenidos en este caso como en los demás son los chóferes. Queda claro que en cuanto a corrupción judicial no sólo aquí se “cuecen habas”. Se habla de alijos encontrados en estos camiones desde 21.8 kilos de cocaína, hasta 180 kilos y más del mismo estupefaciente.

Se puede intuir que los ejecutivos de YPFB no podían haber ignorado estas andanzas, ya que casi sin obstáculos trajinaban desde 2011 y seguramente aun antes. Ahora al mostrarse sorprendidos y casi a “la hora nona”, dicen haber rescindido los contratos con estas empresas. La Aduana Nacional “escaneará” los cisternas que introduzcan insumos a Argentina. Esta labor corresponde a la FELCC o, mejor, a ambas. Un control mutuo es necesario, hasta que, a su vez, no se malee.