La inflación por alimentos controlada con importaciones

El optimismo oficial ha inventado un nuevo argumento para mostrar que la canasta familiar se halla garantizada en su abastecimiento, en vista de que ha subido la producción agropecuaria en el país, dato que, sin embargo, está alejado de la realidad y, por ello, es tanto un error como una falsedad.

En primer lugar se puede afirmar que la producción de artículos alimenticios en el medio rural boliviano si bien no ha bajado, se mantiene en nivel muy bajo y tiende a reducirse aún más. Ese dato es comprobable al observar el alto precio de los alimentos en los mercados y como resultado de la escasez a nivel interno.

Los precios de esos artículos suben y tienen tendencia a subir porque la agricultura de altiplano, valles y trópico (excepto la gran producción de soya, girasol y otros) se encuentra frenada, tanto por factores legales como por vía constitucional, donde se encuentran las causas primarias para la situación agraria en que se encuentra el país.

Ese déficit de producción ha determinado la elevación de precios y éstos se mantienen en niveles elevados desde hace pocos años. Por ejemplo, hasta el año 2006, más o menos, se podía comprar diez duraznos, diez higos, diez peras o diez tunas, etc. por un boliviano, pero al presente, como resultado del “cambio”, cada una de las frutas citadas cuesta uno o más bolivianos, vale decir que esos precios han subido en ¡mil por ciento!

Algo parecido se puede decir de la papa, quinua, verduras, etc. que tienen precios al doble y triple o más de hace años, con el detalle de que son de menor calidad, no sólo por factores climáticos. Esos precios seguirán ascendiendo, debido, entre otros factores, a que la producción parcelaria sigue existiendo en todo el país y, además, la vieja distribución de la propiedad de la tierra se sigue acentuando, creando más minifundio y evitando la concentración de la propiedad del suelo para que se pueda ir así a la producción grande.

Dos factores han podido, en tiempos recientes, mantener los mercados de consumo abastecidos y con precios estables, aunque elevados. El primero es el contrabando de alimentos a través de todas las fronteras del país, el mismo que, además de llenar los mercados con productos baratos que hacen la competencia a los nacionales, está dando muerte a la agricultura y los indígenas agricultores abandonan los campos y migran a las ciudades.

El segundo factor es la importación de alimentos por vía oficial así como extraoficial, con altísima fuga de divisas. Estas importaciones son considerables y en total podrían llegar fácilmente a los mil millones de dólares anuales. La importación de harina, trigo, arroz y otros por vía oficial, es fomentada con autorizaciones oficiales. Tres factores principales determinan la baja de la producción agrícola interna: la obsoleta y derechista legislación agraria (empezando por la nueva Constitución), el contrabando y las importaciones oficiales y extraoficiales, sin tomar en cuenta la eternización de la antiquísima distribución de la propiedad de la tierra y el retorno a formas de producción feudales, pago del trabajo en especie, retorno al trueque y otros.

La apreciación del presidente del Banco Central en sentido de que la inflación por alimentos está contrapesada por mejor producción agrícola es, por tanto, poco menos que sobredimensionada, porque los datos reales, que se puede comprobar en los mercados y en el medio rural, no corresponden a la realidad y pareciera que son una cortina de humo para disimular la crisis agraria de vieja data y que ahora amenaza agravarse.

Se podría considerar que la inflación de alimentos estaría frenada si no hubiera una contrarreforma agraria, no estuviese en marcha la ley INRA, no existiese contrabando oficializado y el Gobierno no practicase grandes importaciones oficiales ni autorizase otras extra oficiales.