Proyectos incumplidos con aguas del Silala

El caso de los bofedales del Silala que proveen de agua a Chile, es objeto de anuncios de toda clase para su debido uso por parte de nuestro país; sin embargo, pasados los momentos en que se toca el tema, todos los planes anunciados quedan en nada. Se dijo que parte de esas aguas serviría a la agricultura de la región, que se haría un gran criadero de peces, truchas especialmente; que se embotellaría las aguas para uso domiciliario no sólo en las ciudades de Potosí y Oruro sino para su provisión a otras partes del país; se insistió en la necesidad a explotar esas aguas en diferentes proyectos, pero nada se concreta.

Las diversas autoridades de Potosí y sus comités cívicos hicieron anuncios rimbombantes sobre proyectos a ejecutarse, pero llegado el momento de realizarlos se produjo el mutismo más grande; entretanto, Chile continúa utilizando las aguas del Silala y pese a haberse convenido que pagaría por esas aguas, los acuerdos iniciales quedaron en nada porque se alegaba que “no respondían a la realidad y debían ser mayores los montos fijados por el uso de esas aguas”. Hasta ahora, que se sepa, nadie hizo algo por actualizar ese convenio que para Chile resulta conveniente porque no se ve obligado a cumplir con pagos que debía hacer.

¿Por qué no hay seriedad ni en el Gobierno ni en las autoridades de Potosí para atender el caso Silala? ¿Por qué debemos seguir siendo motivo de burla para el Gobierno chileno porque no cumplimos nuestros propios planteamientos y no damos continuidad a ningún proyecto? ¿Por qué protestamos contra el país vecino por el uso arbitrario de esas aguas destinadas en principio y en poca cantidad a cubrir las necesidades de la empresa Bolivian Railway que explotaba el ferrocarril La Paz–Arica y que cerró hace varias décadas? Hay muchas preguntas que deberían recordar las autoridades del Gobierno, las autoridades departamentales de Potosí y de las propias juntas vecinales que, casi por costumbre, se oponen a todo, como fue el caso de la explotación del litio que, “por contar con mejores planes”, hicieron fracasar contratos en el gobierno del MIR y que hasta ahora no se concretan.

Las autoridades chilenas mientras tengan campo libre para abusar a nuestro país, seguirán con sus políticas. Los casos Lauca y Silala hace mucho tiempo deberían tener solución; pero los descuidos han sido totalmente irresponsables para no haber dado ningún paso en pos de remedios a situaciones injustas que, agregadas a las muchas que Chile ha cometido, conforman un conjunto de injusticias que el país no debe seguir sufriendo.

Al margen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, los casos Lauca y Silala deberían merecer mucha atención del Gobierno; no hacerlo implica descuido e irresponsabilidad. El caso de nuestro enclaustramiento es diferente y no debe ser confundido con muchos problemas que debemos tratar con Chile y darles solución.