Competitividad reducida por exigencias sociales

Si en situaciones normales de la vida de un país, las exigencias de sectores sociales son contrarias a cualquier proyecto de desarrollo y progreso, mucho más lo son en tiempos de crisis, cuando llegan a extremos para mejorar su situación económica, produciéndose manifestaciones, marchas, huelgas, exigencias de toda laya, dificultades para entablar el diálogo en búsqueda de satisfacer necesidades de mejores ingresos.

Según informe del Índice Global de Competitividad 2015-2016, que ubica al país en el puesto 105, un estudio del Foro Económico Mundial para el período 2014-2015 revela que “Bolivia enfrentará el acceso de la población a los servicios financieros”. Se hace hincapié en que la burocracia, la corrupción y las leyes laborales afectan la competitividad; por otra parte, deficiencias en la educación y falta de regulaciones laborales contribuyen al deficiente desempeño. Finalmente, la falta de infraestructura, la escasez de personal calificado y barreras existentes debidas a la burocracia impiden que el país tenga una competitividad que le permita encarar, con alguna posibilidad de éxito, su emprendimiento al desarrollo.

El informe incide seriamente en que la burocracia y la corrupción “son factores que impiden ganancias reales en productividad y en un marco más general de competitividad”. Se dice que las tasas impositivas son demasiado altas. Se hace referencia a que el Gobierno crea empresas que compiten con el empresariado privado y que esto es factor negativo para el logro de competitividad. Por supuesto, incide seriamente en lo negativo que es el contrabando, que no sólo atenta contra las arcas del fisco sino contra la producción de todo lo que podría colocar en el mercado la industria instalada.

Los estudios señalan la necesidad de que el Gobierno adopte medidas precisas para cambiar muchas condiciones negativas que existen para la producción; pero insiste en la urgencia de combatir al contrabando, que no sólo daña la economía del país sino que afecta, directamente o no, a los mismos países de los que proviene. Confirma el criterio de que la educación en general y la formación laboral y técnica son absolutamente necesarias para salir de la dependencia.

Es, pues, el Gobierno el que deberá adoptar medidas que permitan al país ingresar en campos en los que la competitividad sea una realidad; pero, sobre todo, aplicando medidas claras que permitan acciones con miras a superar las dificultades que colocan al país en posiciones muy inferiores ante países vecinos y, mucho más ante aquellos desarrollados. Es importante también que haya prudencia en la aprobación de leyes laborales que si bien benefician a trabajadores, perjudican seriamente a la producción.