Pintarrajeado de edificios públicos y privados

Desde hace muchos años se ha sostenido la necesidad de que los organismos electorales, conjuntamente los municipios, prohíban a los partidos políticos y organizaciones que los apoyan y propician candidaturas, el pintarrajeado de paredes de edificios públicos y privados; pero hay que lamentar realidades: en primer término, ni las alcaldías ni las gobernaciones (prefecturas) ni las autoridades electorales tienen suficiente autoridad y energía para hacer cumplir disposiciones muy claras al respecto.

Las organizaciones político-partidistas, atenidas a la militancia de personas dispuestas a lo que sea, se convierten en “la canalla” que no trepida en nada para cometer los peores excesos, abusando del dinero y medios de los que se les provee para cometer tropelías que son atentados contra ciudades y pueblos, sin respetar absolutamente nada con tal de cometer los delitos para los que no fueron contratados, como ser el atentado contra las ciudades.

Es lamentable lo indecoroso que muestran paredes de edificios públicos y privados con la profusión de carteles de propaganda, con pintura que, para algunos ingenuos, resulta “artística”, como son los pintarrajeados con signos y letras que nadie entiende – “grafitis”– pero que lastiman igualmente a propietarios y transeúntes. Hay ciudades que son víctimas propicias para quienes gastan millonadas con tal de cumplir sus propósitos e instintos por destruirlo todo. La Paz es un ejemplo patético, como muestran muchas de sus avenidas, plazas y calles (ejemplo, Av. Roma en la zona sur y muchas otras en las periferias) y hasta en el centro citadino que son muestras de la peor incultura e indecencia.

A pesar de recientes operativos municipales que han dado lugar a algunas detenciones, la comunidad nacional se pregunta: ¿hasta cuándo se permitirá esta clase de abusos? Que alcaldías y Tribunal Supremo Electoral actúen con la decisión, energía y contundencia contra los partidos y organizaciones políticas que pintarrajean inmisericordemente los bienes públicos y privados. ¿Por qué se permite tal tipo de atentados que lastiman a la colectividad y hasta muestran nombres de ex candidatos a gobernadores y alcaldes que habrían cometido delitos o están en tren de procesos por actos de corrupción?

Hay un referéndum en febrero próximo; casi con seguridad que los partidos políticos, empezando por el de gobierno, se preparan para atentar con propaganda sucia y chabacana, contra ciudades y pueblos del país. Valdría preguntar: ¿podrían abstenerse los grupos políticos de hacer propaganda de sus intenciones -la mayor parte incumplidas cuando llegan a algún poder- y propósitos con tal de conseguir votos que el pueblo debe discernir libremente por quién o qué votará? La comunidad nacional seguramente beneficiará con su voto a quienes no abusen y no faltarán los casos en los que se debe pensar que “la propaganda sucia puede ser el reflejo de lo que se puede hacer teniendo poder”.