Campaña y sentido patrimonial del poder

El oficialismo no parece tener por ahora y hasta febrero próximo otra preocupación que desbordar su bolsa con recaudaciones para la campaña por el Sí, comprometiendo a la estructura gubernamental en los mismos afanes. Ambos temas -recaudaciones y campaña- se concentran en la Administración Pública y en las entidades desconcentradas (YPFB, Comibol, etc.), jugosas fuentes de financiamiento a través del descuento del 10% de los haberes de la frondosa burocracia que desde el 2006 creció cuatro veces.

Basten estos datos para tener una idea del volumen financiero puesto en ejecución, actitud que no puede menos que revelar el sentido patrimonialista de la actual tenencia del poder, sentido fincado también en los funcionarios públicos como dependientes dentro y fuera de las oficinas, reatados a la prestación de servicios, asistiendo a marchas, concentraciones y campañas en general, bajo alternativa de sufrir sanciones. A las indicadas recaudaciones se suman otros aportes, como el de los pudientes cocaleros, por ejemplo. Amén de todo el aparato estatal y sus bienes para aupar al Sí.

El taladro y estridencia de la campaña oficial supone que los ciudadanos puedan cambiar su criterio sobre el fondo de la consulta, referida al referéndum por la doble reelección (10 años) del presidente y vicepresidente, previa reforma constitucional. Pareciera incurrirse en un error o la recaudación oculta otros fines, error porque la ciudadanía ha calado hondo sobre la pregunta que debe responder, de modo que los despliegues de convencimiento necesariamente se dirigen a ciertos sectores que adolecen de criterios autónomos, sin perjuicio de que al paso expansivo de los medios comunicativos van perdiendo volumen.

Estamos situados sobre un terreno abonado en el cual discurre la opinión pública, haciendo que en estas circunstancias las erogaciones de una campaña no deben ser considerables. Si separamos la paja del trigo, para una propaganda casi testimonial en vista de lo dicho, bastarían algunos afiches, volantes, si bien desde algunos años atrás se han añadido obsequios, desde “poleras” a artículos de consumo y otros, dádivas que bien vistas rozan el campo del cohecho. Aunque el reclutamiento cotizado para masificar de algún modo proclamaciones y concentraciones no es parte del juego limpio de la política -el plebiscito por el Sí o por el No, por definición no convoca a ese tipo de mítines-, el pago de pasajes y viáticos para estos reclutamientos, por supuesto, incrementará el gasto. Se trata de un medio al cual están acostumbrados sectores marginales y del campo que de otro modo no se movilizan, siéndoles indiferente que los convoque el oficialismo o la oposición, la izquierda o la derecha. Esta parafernalia está lejos de los bolsillos opositores.

Otro cantar es el de la televisión por su elevado coste, a su vez inaccesible, pero de indudable llegada masiva, aunque no suficiente para cambiar visiones objetivas. La campaña por el Sí debería descartar este medio, consciente de que durante 10 años ininterrumpidos taladra a los televidentes con primeros planos de la imagen del presidente Morales, sus dichos y hechos, y no siempre verídicas alusiones, al presente con miras exclusivas a prolongar su mandato, cuando la concurrencia a las urnas debería haber convocado otros temas pungentes como el de la justicia, entre otros.