En campaña electoral por el SÍ

TSE confirmó que Ministerio de la Presidencia usa bienes del Estado

• La Sala Plena, mediante resolución, pide que se destituya a la persona que usó recursos públicos para hacer campaña • El Órgano Electoral confirmó que hasta el momento recibió 11 denuncias relativas al incumplimiento del reglamento de propaganda electoral


EL VICEPRESIDENTE DEL TSE, ANTONIO COSTAS, INFORMA SOBRE EL PROCESO DE DENUNCIAS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la denuncia de que el Ministerio de la Presidencia usa bienes del Estado para hacer campaña electoral por el SÍ, en este caso el empleo de una camioneta de esa cartera de Estado, por lo que mediante una resolución de Sala Plena pedirá a dicha instancia que no utilice recursos públicos y exigirá también a la Contraloría del Estado que sancione al funcionario o funcionarios públicos que incurrieron en la falta, informó el vicepresidente del ente electoral, Antonio Costas.

Según el último informe, hasta ese momento, 11 denuncias llegaron al TSE por incumplimiento al reglamento de campaña electoral y violación de la Ley 026.

“Se ha confirmado que esa camioneta dependía del Ministerio de la Presidencia”, afirmó Costas, lo que sucedió el 19 de noviembre pasado. Senadores de la oposición, liderados por Óscar Ortiz, Lourdes Millares y Arturo Murillo presentaron ante el TSE una denuncia contra el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por “la realización de campaña y propaganda electoral en actos de gestión pública utilizando recursos públicos”.

Tras el análisis de las pruebas presentadas, que eran imágenes fotográficas, la Sala Plena admitió la denuncia y procedió a notificar a los denunciados para que respondan a la denuncia, según el listado de las denuncias cuo tratamiento corresponde al TSE.

En ese marco, Costas informó que ya se confirmó el hecho y se redactó la resolución “en la que se va a pedir al ministro que no se utilicen los bienes, que se sancione también a quien ha usado ese bien para hacer la publicidad (propaganda) correspondiente”.

NORMATIVA

El artículo 126 de la Ley 026, del Régimen Electoral, en lo referido a prohibiciones para servidores públicos, dispone que los mismos no pueden utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas en propaganda electoral, tanto en actos públicos de campaña como a través de mensajes pagados en medios de comunicación, tampoco pueden “realizar campaña electoral por cualquier medio en instituciones públicas”.

El mismo artículo dice que “cuando se verifique la violación de alguna de estas prohibiciones, el Tribunal Electoral competente remitirá antecedentes a la Contraloría General del Estado para la determinación de las responsabilidades y sanciones que correspondan. En caso de servidores públicos designados se remitirán antecedentes al órgano jerárquico competente, para disponer su destitución”.

DESTITUIR AL INFRACTOR

En ese marco, el vocal Costas explicó que, una vez conocida y aceptada la denuncia por el uso indebido de bienes del Estado, mediante resolución del TSE, se pide que mediante la Contraloría se destituya a la persona o funcionario público que estaba utilizando esa movilidad para hacer campaña electoral.

“Nosotros estamos recomendando que se haga la evaluación, que se determine quién estaba utilizando ese bien y lo destituya. Así dice la norma. Estamos pidiendo que se cumpla el artículo (126) de la Ley de Régimen Electoral, que establece claramente que los servidores públicos van a ser sometidos a la destitución cuando utilicen bienes públicos”.

DENUNCIAS

Desde la puesta en vigencia del Reglamento de Propaganda Electoral hasta la fecha, el TSE recibió once denuncias y notas sobre presuntas violaciones a las normas establecidas por el ente electoral. Todas por uso de bienes del Estado en propaganda electoral, unos por el SI y otros por el NO. Empero, lo que no hace el TSE el listado de los infraestrctores.

De ese número, dos fueron admitidas: la denuncia contra el ministro Quintana y contra la persona responsable de las instalaciones de la Vicepresidencia del Estado, del vicepresidente Álvaro García; y contra el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso; por el uso de instalaciones públicas para temas de campaña proselitista.

La denuncia contra los legisladores opositores Arturo Murillo, Carlos Pablo Klinsky y Beatriz Capobianco, por uso de bienes del Estado, para campaña política, está en análisis de Sala Plena del TSE.

 
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