Oposición analiza convocar a la Interventora de ex Fondo Indígena

• Solicitarán que Larisa Fuentes explique cuál es el trabajo efectuado y qué irregularidades más detectó hasta el momento.


Diputado Wilson Santamaría.

El diputado de Unidad Nacional(UN), Wilson Santamaría, aseguró ayer que en la próxima legislatura que se iniciará el 20 de enero, sería conveniente convocar a la interventora del ex Fondo Indígena , Larisa Fuentes para que explique cuál es el trabajo desarrollado y qué irregularidades más detectó hasta el momento.

El legislador dijo que, según el oficialismo, con la labor de la Interventora se logró demandar a más de 20 personeros entre dirigentes, legisladores y ex funcionarios públicos de alto rango, pero que aquello no era cierto, y que por esa razón, cree oportuno escuchar la versión de la persona que oficialmente es la encargada de la intervención del ex Fondioc.

Santamaría consideró necesario conocer algunos términos técnicos en torno al número de proyectos, cuántos de ellos tienen respaldo documental, cuáles fueron auditados y quiénes fueron los beneficiados.

Sobre las acciones para la recuperación de recursos, manifestó que fueron iniciados juicios, donde hubo detenciones de algunas personas, sin embargo, aseguró que desde la cárcel será difícil que los detenidos devuelvan los recursos asignados, por lo que a su juicio habrá que observar cuáles son las acciones civiles a implementar para que aquellas personas devuelvan los recursos asignados, y que obviamente, se haya determinado su culpabilidad en el desvío de dineros estatales.

El opositor expresó que es importante ver cuáles son los nuevos procedimientos que se incorporaron al ExFondo Indígena para transparentar su administración, cuáles los nuevos miembros del directorio, bajo qué criterios se está haciendo la selección de proyectos y cuál el procedimiento administrativo para el desembolso de recursos.

El legislador finalizó explicando que el reglamento del decreto 181 que establece la disposición de los recursos estatales debería cumplirse, pero que es necesario escuchar la información de la Interventora, que a juicio del entrevistado su declaración se debe dividir en: Legal, técnica, administrativa y procedimental.

OFICIALISMO

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, anunció en días pasados que la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, será citada por el Ministerio Público para aclarar las denuncias de supuestos actos de corrupción y malversación en el desbaratado Fondo Indígena Originario Campesino (Fondioc).

Guerrero dijo en declaraciones a radio Fides: “La exministra está contemplada dentro de las listas de los convocados a declarar junto a dirigentes que han recibido dinero, los que recibieron desembolsos en sus cuentas particulares, personas beneficiadas con dinero de proyectos fantasmas”.

El fiscal también sostuvo que la comparecencia de Achacollo, cuya cabeza demanda la oposición al presidente Evo Morales, se conoció días después que la exministra de Justicia, Julia Ramos, fue detenida por sospechas de malversación de dineros fiscales, lo mismo que otros 12, entre dirigentes campesinos y directores del exFondo. En esa ocasión, Ramos reclamó a la Fiscalía el hecho de que hasta ese momento no se haya convocado a declarar a la exministra Achacollo.

En febrero pasado, la Contraloría General del Estado comprobó que 153 proyectos del Fondo Indígena se encontraban inconclusos y otros inexistentes con un daño económico al Estado por 71 millones de bolivianos.

Seis meses después la interventora del desbaratado Fondo, Larisa Fuentes, informó de un daño económico de más de 102 millones de bolivianos al Estado por 713 proyectos inconclusos y 30 proyectos fantasma.

“Se va a convocar a todos (los implicados), porque es parte de una estrategia. Dentro de esta estrategia no importa si es de oposición o del oficialismo o si es dirigente o exautoridad, por eso la exministra está dentro de las listas de las que prestará su declaración”, agregó Guerrero.

Según el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción las investigaciones se convirtieron en 80 procesos penales que remataron en  19 detenidos (12 en la cárcel y 7 con detención domiciliaria) y 5 personas con otro tipo de medidas cautelares.

 
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