“Iniciativa Popular Constituyente”

Experto: Tribunales Departamentales conocerán parte residual de procesos

(Última Parte)


Tribunal Supremo de Justicia.

El proyecto denominado “Iniciativa Popular Constituyente para la Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado”, elaborado por el experto constitucionalista Carlos Alarcón Mondonio, en el acápite final de su propuesta destaca el trabajo de los denominados Tribunales Departamentales. En su concepto, tendrán una función diferente a la actual, pues conocerán la parte residual de casos judiciales especializados de su respectiva área.

Aclaró que la parte residual está constituida por los casos que quedaron pendientes y que deben resolverse a nivel departamental y nacional, mas no como instancias de apelación o de casación como ocurre ahora, sino en instancias especializadas en conocer asuntos de interés departamental, regional y municipal, los mismos que tendrán que estar a cargo de los Tribunales Departamentales, que serán instancias diferente a las Casas de Justicia.

TRIBUNALES DEPARTAMENTALES

Estos tribunales departamentales van a conocer asuntos penales de alcance departamental, regional o municipal; asimismo, temas de justicia administrativa o asuntos administrativos de controversias contra el Estado y sus ciudadanos, pero de nivel departamental, regional y municipal.

Alarcón afirmó también que los Tribunales Departamentales se encargarían de conocer el control de la legalidad de todo este nuevo ordenamiento subnacional, creado a partir de los estatutos autonómicos, el que, en la actualidad, está totalmente desatendido.

NUEVA PIRÁMIDE JURIDICA

Hizo hincapié que en el proyecto que elaboró existe una nueva pirámide jurídica en el país, fuera de la actual pirámide jurídica nacional, que además tiene que estar acoplada con estatutos, leyes departamentales, reglamentos departamentales y resoluciones departamentales y que lo propio va a darse en el ámbito municipal. Sostuvo que la pirámide jurídica actual está totalmente desatendida. Por ello, estima que los nuevos tribunales departamentales que propugna se harían cargo de conocer y garantizar ese estado de derecho subnacional, lo que en su criterio se constituiría en otro gran avance.

“Entonces, en el nuevo Tribunal Nacional de Justicia, que sustituiría a la actual Corte Suprema de Justicia, pero que seguirá teniendo como sede la ciudad de Sucre, incluiríamos todo lo que tenga ese alcance, como una instancia de justicia completa y plena para los casos. Por ejemplo, en materia penal, juicios de responsabilidad contra funcionarios nacionales, como el Presidente y Vicepresidente del Estado; también vería delitos de similar alcance, sean públicos o particulares, o en instancias nacionales, donde está en contra de sus propios funcionarios, a través de los coactivos fiscales”, enfatizó

DELITOS DE ENVERGADURA

También aseguró que se conocerían delitos de envergadura nacional, controversias entre departamentos por límites territoriales o, tal vez, no serían precisamente controversias por derechos colectivos de alcance nacional. Como ejemplo, se refirió al caso de afectaciones del medio ambiente que trascienden el ámbito departamental. Ahí se tendría la justicia nacional como hoy en día ocurre en la Corte Suprema, pero especializada en temas de interés nacional.

CONTROVERSIA CON DIPLOMÁTICOS

Asimismo, dijo que se conocerían problemas con embajadores o legaciones diplomáticas del extranjero. En ese marco, explicó que el Tribunal de Notables de Méritos Creativos ya estaría instalado y se constituiría en la nueva cabeza judicial, que se encargaría de organizar el servicio de justicia en todo el país.

Aseguró que estaría también en función el Tribunal Agroambiental, pero para temas de alcance nacional.

DIVISION HORIZONTAL

Respecto a la división horizontal de la justicia, dijo que ésta se daría en tres especialidades: las Casas de Justicia que atienden sobre todo temas de interés de los ciudadanos, que son los más importantes, los tribunales departamentales que atienden temas de alcance departamental del Estado con relación a los ciudadanos y del Estado con relación a sus funcionarios, por delitos cometidos en el desempeño de tal situación.

De esa manera, estima que quienes se convierten en el garante de la unidad del sistema de justicia, serían los juzgados constitucionales, que funcionarían en estos tres niveles descentralizados, con respecto al actual Tribunal Constitucional Plurinacional.

Finalmente, afirmó que los juzgados constitucionales también se encargarían de conocer los amparos, habeas corpus, etc, y que con todo esto se obtendría un cambio estructural de la justicia que garantiza, sobre todo, la independencia hacia dentro y hacia afuera del sistema de justicia que el país necesita ahora , porque al poder político no le interesa jueces capaces y bien pagados y tampoco le interesa jueces honestos.

 
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