Aporte del Informe Presidencial


 

El Informe del presidente Evo Morales sobre los 10 años de gestión que tiene, a través de tres períodos de Gobierno, tuvo aspectos cuestionables (ver EL DIARIO 23/1/16, págs. 4, 5, 6 y 7), pero cabe reconocer que ofreció un valioso aporte al estudio de la situación del país en casi 30 años.

Esta documentación se halla contenida en los 148 cuadros numéricos sobre el comportamiento de virtualmente todos los sectores de la realidad económica y social de Bolivia.

El Presidente acumuló esta información con el afán de contraponer gestiones gubernamentales del pasado con los “logros” de sus tres gestiones de gobierno. Políticamente, puede que le sirva, en alguna medida, para exponer lo que es atribuible a sus gestiones administrativas, aunque incurrió en una omisión fundamental.

Le faltó señalar de dónde provenían los cuantiosos ingresos que ha obtenido el país desde 2006. Obviamente, no fueron producto de su accionar gubernamental. Hidalgamente debe reconocer que tuvo la fortuna de ser heredero de los beneficios que brindó al país la Capitalización de los hidrocarburos.

Antes de ese año, ni el Tesoro Nacional y menos Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) estaban en condiciones de desarrollar la producción de petróleo-gas natural en las magnitudes que desde entonces empezó a invertirse privadamente.

Se atrajo a 12 empresas petroleras internacionales para que trabajen en Bolivia, entre ellas las más importantes en su rango. Empero, no todo se redujo a inversión pura y simple, sino fundamentalmente aprovechar las nuevas tecnologías que existían en el mundo desarrollado para explorar y producir dichos energéticos.

En este orden, el cuadro numérico del Informe Presidencial sobre “Inversiones Hidrocarburos, 1985-2015, se remonta precisamente a 1985 para consignar las inversiones que realizaba YPFB. Concretamente, en ese año, YPFB invirtió 33 millones de dólares, en 1986, 69 millones. En los años siguientes, hasta 1989 no pasaban de los 100 millones. En los seis primeros años de 1990, la excepción se produjo en 1992, cuando ascendieron a 200 millones, pero al año siguiente, en 1993, volvieron a ser menores a este monto, como que en 1996 fueron de solo 173 millones.

Ha sido en este último año que se puso en vigencia la Ley de Capitalización, promulgada en 1994. De este modo, la inversión en 1997 subió a 500 millones de dólares, en 1998 a 832 millones, en 1999 a 700 millones. Hasta 2005, la inversión privada en hidrocarburos ascendió a 4.522 millones de dólares, de acuerdo con el Informe Presidencial.

A partir de 1999 empezó a disponerse de gas natural para la exportación, como que, en efecto, fue desde ese año que se sigue vendiendo este energético a Brasil, con un contrato que tendrá vigencia hasta 2019. Luego, se procedió a exportar gas a Argentina.

Habrá que rememorar que entre 2002-2003, tres empresas petroleras se asociaron para exportar gas a Estados Unidos, utilizando una salida portuaria que concedía Chile a Bolivia, se citó en ese tiempo al puerto de Patillos. De concretarse, tenía que instalarse previamente una planta que convierta el gas en líquido(GNL), pues solo de esta forma puede ser transportado, en este caso por vía marítima, en barcos metaneros, y en México tenía que instalarse otra planta, esta vez de regasificación, o sea tornar el líquido nuevamente en gas.

Esas tres empresas previeron invertir 6.000 millones de dólares para perforar 18 pozos petroleros más y cubrir el costo de dichas operaciones, más el transporte al país del norte. La operación se frustró por la revuelta de El Alto en 2003.

En el Informe Presidencial, sin embargo, el único cuadro numérico que no fue incluido es el referido a los ingresos obtenidos por el gas natural y, en general, sobre las exportaciones durante el decenio pasado. Morales mencionó solo verbalmente que la renta petrolera de 1985 al 2005 (20 años) ha sido de 4.587 millones. Y que en su Gobierno (2006-2015) ascendió a 31.504 millones de dólares.

La Ley de Hidrocarburos 3.058, aprobada durante la gestión de Hormando Vaca Diez, presidente del Senado, le permitió al país tener mayores ingresos por la aplicación del 32% de impuesto directo a los hidrocarburos, lo que permite captar recursos que favorecen al TGN, gobernaciones, alcaldías, universidades y Fondo Indígena.

Con la “nacionalización” de los hidrocarburos no creció mayormente la producción de petróleo-gas. La medida se redujo a exigir que las empresas petroleras firmen contratos para seguir operando, empero a cuenta del Estado (YPFB). Por tanto, la “bonanza” no fue producto de algún nuevo ítem incorporado por el régimen vigente a las exportaciones. Éstos siguen siendo las mismos de 2005.

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