Vuelve la represión política

Sin que hasta ahora se hubiera justificado de manera aceptable el caso del tráfico de influencias, la respuesta más desacertada que está adoptando el régimen es el retorno a la represión política, sin duda como un medio de amedrentamiento y/o escarmiento para quienes, en distintos tiempos, han expuesto sus reparos al accionar del oficialismo.

Por la experiencia que se tiene en el país a este respecto, la represión política es la instancia extrema de los gobiernos que no atinan a ser buenos administradores y, además, son pésimos actores políticos, pese a que lo utilizan como usufructo para escalar en los distintos niveles del poder.

Es inadmisible lo sucedido en Chuquisaca, donde una docena de ex autoridades regionales y personalidades del quehacer político nacional han sido encarcelados, bajo el argumento que tienen sentencias judiciales pendientes de cumplirlas, cuando para lograr éstas se apeló a un tribunal provincial que, como en otros casos, son más fáciles de cooptarlos.

En La Paz también se han puesto de manifiesto las amenazas, como aquella de Ramón Quintana, que advierte que serán eliminados medios de comunicación porque, en su elemental concepto de democracia, no admite la pluralidad, por tanto la libertad de expresión y de prensa.

El Ministerio de Gobierno tampoco se libra de incurrir en estos excesos de intolerancia y de violación del derecho, así como del respeto a las normas judiciales. Pudiera que se justifiquen medidas de este orden en el caso de la autora de haber incurrido en tráfico de influencias, aprovechando una relación íntima con el Jefe del Estado, pero cuando se actúa en el ejercicio de la autoridad no es aceptable que se proceda a arrestos anti jurídicos para intentar aplicar sanciones a personas que cometan faltas civiles o políticas.

En este caso, no se trata, ni remotamente, de defender a la persona que resultó ser víctima de ese comportamiento, sino de exigir que en todo momento y circunstancia se acuda a los medios judiciales para eventualmente imponer sanciones a quienes supuesta o ciertamente violaron las normas legales del país.

Las autoridades en ejercicio tienen que ser las primeras en respetar el ordenamiento jurídico, pues solamente de esta forma pueden exigir que la población lo acate sin excusa alguna. Así como en los hogares los padres tienen que dar el ejemplo de buen comportamiento a sus hijos, para que éstos adquieran el mismo hábito, desde niños, adolescentes y adultos. Sólo de esta manera se forma parte de una sociedad civilizada.

Al presente es evidente que el oficialismo confronta momentos muy complicados en los órdenes de credibilidad y solvencia, pero se equivoca de medio a medio cuando cree que puede salir de estos apremios apelando a la represión política. Más bien, en todo caso, acrecienta los reparos a su gestión. Con los encarcelamientos de Sucre agravó su despeñadero. Es decir, empeora la precariedad de la situación que confronta.