Justicia a la carta

El sistema judicial del país siempre ha inducido a preocupación y reparos, porque incurría en retardaciones en el trámite de los juicios y ocasionalmente se hablaba de alguna discrecionalidad en su comportamiento ético.

Empero, en la actualidad es motivo de desconfianza generalizada debido a que su accionar no guarda por lo menos cierto recato y algo de equilibrio. En forma abierta, demuestra públicamente que se halla muy dependiente de la voluntad política de la administración presente.

Un claro ejemplo de ello viene a ser la exoneración de toda responsabilidad, hasta de culpa, de la ex ministra Nemesia Achacollo, pese a que la corrupción en el Fondo Indígena (ex Fondioc) ha sido flagrante. Prueba clara de ello es que en el trámite judicial correspondiente se dispuso la reclusión de alrededor de sesenta personas, muchas de ellas, además, de rango modesto.

Cuando se desempeña un alto cargo, como el de Ministro, no es posible que en su planta funcionaria y los órganos de su dependencia se incurra en delitos de diversa naturaleza, el peor de los cuales es la corrupción. En estos casos, nadie puede cerrar los ojos y omitir el alto grado de responsabilidad que detenta.

A este paso, el desempeño de esas funciones resultaría ser más figurativo que real. Al darse esta situación, surge el interrogante ¿en qué queda entonces el ejercicio de la autoridad? ¿Quién o quienes la ejercen en ausencia de alguien que tenga esta facultad? ¿O la administración pública definitivamente está librada a la imprevisión, más todavía, a la voluntad de quienes quieran suplantar la autoridad y poner en práctica su voluntad?

Como podrá advertirse, en todo esto tiene mucho que ver la justicia. Pues, la buena administración del Estado tiene que hallarse sujeta a los principios de honestidad, eficiencia y competitividad. En caso de que estas obligaciones no sean correcta y adecuadamente cumplidas, y más bien se incurra en irregularidades y se deje a un lado la corresponsabilidad que conlleva el ejercicio de la autoridad, como es el de dirigir un Ministerio, el rol de la justicia tiene que hacerse presente.

El buen desempeño de sus funciones es indispensable, sólo de esa manera puede protegerse y defenderse los intereses del Estado. Con igual o mayor motivación, dar cuenta del correcto desempeño de sus responsabilidades ante la opinión pública. Hacer abstracción de ésta resulta ser más culposa todavía.

La justicia, por tanto, tiene que guardar distancia de todo otro poder, porque si es contaminada con sus influencias o decisiones, deja de ser justicia. Se torna simplemente en un instrumento manipulable, con lo que pierde todo crédito y razón de ser. Se encuentra a la carta de quien quiera servirse de ella.