Demanda contra CNN inviable por normas internacionales

• Comisión de Política Internacional del Senado calificó de “descabelladas” las acusaciones contra el periodista extranjero, porque el Código de Procedimiento Penal solo rige para el país


CORTE INTERNACIONAL PENAL DE LA ONU, QUE TRATA PROCESOS JUDICIALES CONSIDERADOS GRAVES COMO GENOCIDIO, CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD.
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La demanda del gobierno de Evo Morales contra el periodista Fernando del Rincón, de la cadena estadounidense CNN, por la supuesta comisión de cuatro delitos es inviable y no tiene una base jurídica internacional sustentable, de acuerdo a la Corte internacional Penal de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que garantiza la libertad de expresión y de información.

Asimismo, hasta la fecha el Gobierno y la Fiscalía no precisaron cuál será la instancia jurídica internacional para llevar adelante este proceso judicial. La única mención que hicieron fue es relativa al “sistema” Convención Interamericana de Derechos Humanos.

HECHOS

El jueves de la pasada semana, el presidente Evo Morales acusó a CNN y al periodista Del Rincón de haber conspirado contra su gobierno, con la comisión de los supuestos delitos –tipificados en el Código Penal boliviano– de asociación delictuosa, apología pública del delito, encubrimiento y complicidad, en el caso del escándalo de “tráfico de influencias” y trata y tráfico de personas, donde está vinculada Gabriela Zapata, exnovia de Morales.

Posterior a estas acusaciones, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, confirmó la acusación del Gobierno ante el Ministerio Público contra el periodista extranjero y la cadena estadounidense.

“Vamos a remitir todos estos elementos al Ministerio Público, para que cumpla su trabajo de investigar (…) CNN conspira contra nuestro país, contra nuestra democracia, contra nuestro Presidente que es antiimperialista”.

Además, de los cuatro delitos que, según Morales, cometió el periodista Del Rincón, Paco mencionó un quinto: complicidad en el delito de trata y tráfico de personas, por no haber denunciado que el niño al que presentaron no era hijo del presidente Evo Morales.

Cuando se le consultó cómo sería el tratamiento en este caso, porque la acusación es contra un medio y un periodista extranjeros, Paco solo se remitió a decir que “será el Ministerio Público el que deba determinar con (los elementos de la acusación) que se les ha de facilitar”.

Asimismo, el fiscal general, Ramiro Guerrero, indicó que citarán a Del Rincón a declarar en el caso Zapata; sin embargo, no dijo bajo qué instancias internacionales.

“En los próximos días, el Ministerio Pública va a convocar a declarar a Fernando del Rincón. Esperamos que haya la voluntad de cooperar en el esclarecimiento de los hechos, siendo que ellos han tenido una participación a través de la entrevista a un supuesto niño que estaba suplantado”, afirmó Guerrero.

INSTANCIAS INTERNACIONALES

Ante la falta de respuestas de las autoridades del Gobierno sobre cuál será el procedimiento judicial que se lleve contra CNN, este medio indagó para conocer si la acusación del Gobierno por “conspiración” y otros delitos tipificados en el Código de Procedimiento Penal boliviano pueden ser tratados en instancias internacionales, tales como la Corte Internacional Penal de la ONU o la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tomando en cuenta lo que reza la Declaración Universal de Derechos Humanos.

DERECHOS HUMANOS

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, indica que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Bolivia y Estados Unidos forman parte de la Declaración de Derechos Humanos, documento que fue suscrito en Canadá, después de la Segunda Guerra Mundial en 1945.

La Corte Internacional Penal de la ONU trata delitos graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, como son el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y de agresión, según explica el Estatuto de la instancia judicial internacional.

El documento menciona que la Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión, una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121, que trata de las enmiendas y 123 correspondiente a la revisión del Estatuto. Esa disposición será compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas.

CONVENCIÓN REGIONAL

El artículo 13, relativo a la “Libertad de Pensamiento y de Expresión” de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, sostiene:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

POLÍTICA INTERNACIONAL

La presidenta de Política Internacional de la Cámara de Senadores, Patricia Gómez, calificó ayer de “descabelladas” las acusaciones y las amenazas del Gobierno de enjuiciar al periodista de la cadena de televisión CNN, Del Rincón, a quien se le acusa de complicidad en tráfico de personas.

Según la legisladora, la idea de procesar al periodista es “descabellada” y que “lamentablemente está generando risas”, porque el proceso penal se rige para el territorio boliviano.

“No se puede llamar, convocar o conminar a un ciudadano que no sea boliviano. No corresponde”, afirmó.

Gómez dijo que el Ministerio Público debe revisar la ruta legal, para a asumir la responsabilidad de iniciar un juicio contra el periodista de CNN, porque en el caso del Código de Procedimiento Penal sólo rige para el país.

POLITIZAR

Hace dos días, en entrevista con EL DIARIO, el analista político Carlos Cordero señaló que el Gobierno utiliza a CNN, a través de acusaciones, para politizar conflictos sociales, económicos y de corrupción, cuyo objetivo es distraer a la opinión pública de los temas pendientes, como el de los discapacitados.

Los problemas que afronta el Gobierno en la actualidad tienen que ver con el caso de presunta corrupción en el ex Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), presunto tráfico de influencias entre Autoridades de Estado, Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales y la empresa china CAMC, y los conflictos del cierre de Enatex.

“La politización nace a través de comentarios que hace el Gobierno, con la finalidad de distraer la atención de problemas que le afecten, descalificando a personas que opinan diferente: opositores, analistas y medios de comunicación nacional a internacional”, aseguró el experto.

Consideró que el descalificar a personas y medios de comunicación es un abuso de poder, porque lo que declara el presidente Morales genera repercusión nacional y en algunas ocasiones internacional.

Según criterio de Cordero, la cadena internacional CNN no tiene la intención ni procederá a iniciar procesos judiciales al Gobierno, aspecto que es aprovechado por el Presidente y sus ministros, con la finalidad de desprestigiar al medio de comunicación y que no se hable de los conflictos sociales latentes y de la corrupción en entidades estatales.

 
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