Pacto Fiscal no debe ser condicionado

Hay preocupación en gobernaciones, prefecturas y otras instituciones por el hecho de que una vez estudiado, analizado y aprobado el Pacto Fiscal contenga condicionamientos imposibles de cumplir por parte de quienes deben ejecutarlo.

La equitativa distribución de fondos fiscales entre gobernaciones, alcaldías, universidades y otras entidades, tiene que estar librada al criterio honesto y responsable de quienes administren los medios financieros que reciban o recauden. Sin observar políticas de absoluta honestidad y responsabilidad, es innegable que cualquier pacto fiscal estará llamado al fracaso.

Para una descentralización efectiva de los medios financieros públicos es incuestionable que debe existir respeto y consideración por parte de las autoridades superiores de la nación y, sobre todo, de quienes manejan la economía nacional. Creer que solo el Poder Ejecutivo puede planificar las grandes obras de infraestructura que requiere el país está en contra de los razonamientos más elementales porque hay que entender que gobernaciones y alcaldías cuentan con criterio suficiente para manejar los dineros puestos bajo su custodia y administración.

Es importante, por otra parte, entender que tanto gobernaciones como alcaldías son, en la práctica, una especie de descongestionamiento del gobierno de la República o, más propiamente, son parte del gobierno aun con sus responsables ajenos al partido de gobierno y hasta en organizaciones contrarias al mismo. Ambas instituciones son desplazamientos del gobierno central y tienen las funciones de cumplir con obras en nombre del mismo, pero ello no quiere decir que deben ser simples dependencias obedientes a los designios del gobierno. Por principio, deben contar con autonomía e independencia en la gestión que realicen; de otro modo, hasta para los mínimos detalles tendrían que pedir una especie de permiso al Poder Ejecutivo.

La administración del Pacto Fiscal por parte del gobierno central de las gobernaciones y municipios es una especie de práctica y vigencia de la Participación Popular creada en la década de los años 90 y tiene como finalidad que cada ciudad, pueblo o villorio que cuente con autoridades prefecturales o municipios administren sus presupuestos, pero vigilados y controlados por la comunidad respectiva. Lamentablemente la Participación Popular no marchó por los lineamientos originales que tenía fijados solo por descuido de las autoridades e indiferencia de las comunidades que no han captado el sentido mismo de la disposición.

El Pacto Fiscal puede y debe funcionar dentro de parámetros de autonomía sin interferencias ni intervenciones -salvo para efectos de control a cargo de la Contraloría- y, si se considera necesario, con informes al Poder Legislativo en las áreas que corresponda; lo importante es que no hayan condicionamientos que perjudiquen y hagan fracasar gestiones que pueden ser exitosas.