Insistencia en una ilegalidad

Un afán prorroguista del masismo en la administración del Gobierno da lugar a declaraciones muy poco afortunadas del Presidente del país, como la efectuada en el mes pasado a un diario mexicano, en sentido de que “yo no estoy preparado para irme a casa”, como si se tratara de una voluntad personal el dejar la Presidencia, y que Bolivia fuera una especie de fondo rústico, finca, propiedad privada, etc., con decisiones personales, olvidando que él preside en su Gobierno una democracia representativa y que, obviamente, el voto del ciudadano decide si él continuará o no, conforme a las reglas del juego de tal sistema de gobierno.

Al parecer, se trata de insinuaciones para que sectores allegados al MAS hagan declaraciones pidiendo su postulación para un cuarto periodo presidencial, completamente ilegal, logrando, v.gr., que en el Noveno Congreso de la señalada tienda política, como Dn. Evo declarara que “el tema repostulación, eso yo dejo en manos del congreso. Pero también, ustedes saben, a mí me sorprende (…!), no hay ninguna manipulación (…?) porque a cualquier acto que voy (dicen) Evo siga y algunos también abusan (piden) Evo 2050”. Sectariamente se puede pedir inclusive una presidencia eterna. Se llega así, a extremos que ya rayan en lo hilarante, como aquello de que “la Secretaría de Hacienda del MAS informó que 100 resoluciones de organizaciones sociales que piden la reelección del presidente Morales serán “analizadas” en el Noveno Congreso…”. Tal se tratará de una decisión determinante, ¿Y qué de la resolución adoptada, legalmente, mediante el voto popular de la ciudadanía boliviana, el 21 de febrero del presente año…? Usando una de las frases favoritas del Presidente: “esto no puedo entender”, en la presente situación -a contrario sensu, como dicen los abogados- es fácil de entender. Si en diciembre de 2005, la población en las urnas le dijo Sí, feliz se hizo cargo de la Presidencia, al presente, en febrero de 2016, la misma población, en las mismas urnas le dijo NO, feliz tiene que irse a descansar.

Tanto el Presidente como la ciudadanía en general saben perfectamente que dichos pedidos corresponden a personas o a sectores de su tendencia política, y que el pueblo, ante solicitud expresa del Gobierno del MAS, en cumplimiento a las reglas democráticas que actualmente rigen en Bolivia, asistió para dar su parecer el 21 de febrero pasado, sobre este tema específico -reformar la Constitución, para lograr una reelección a un cuarto periodo- y, sensiblemente, para el binomio Morales – García, y para el MAS, les fue negada tal aspiración, de manera legal. En otras palabras, caso cerrado.

Pero, hablando de este tema, con referencia al aspecto legal, entre los halagadores de Dn. Evo se hace presente uno de los más notables conspicuos de la juridicidad masista, Procurador del Pueblo, declarando que “…el resultado de ese referéndum (refiriéndose al referendo del 21 de febrero de 2016) no es irrevocable e irreversible…” (…?) y que “nada impide que en el futuro, antes del 2019, se haga un nuevo referéndum…” (…?). Obviamente, pueden convocar a los referendos que deseen, empero, sobre lo consultado en el tema contenido en el de 21 de febrero, jurídica y legalmente, su resultado conlleva -precisamente- las características de irrevocable y de irrevisable, por lo que ya no caben otros referendos sobre el mismo tema y lo único que corresponde, es dar cumplimiento a la Ley 026, Ley del Régimen Electoral, que ordena: “Art. 15 (Carácter Vinculante). Las decisiones adoptadas mediante Referendo tienen vigencia inmediata y obligatoria, y son de carácter vinculante. Las autoridades competentes son responsables de su oportuna y eficaz aplicación”.

Paradójicamente, esta ley fue promulgada no por un mandatario derechista, sino por el Sr. Evo Morales Aima, como Presidente, en fecha 30 de junio de 2010. Sr. Presidente, la ciudadanía se pregunta, ¿se cumplen la ley promulgada por su autoridad, así como la Constitución Política, o no se cumplen?

La decisión adoptada mediante referendo tiene vigencia obligatoria, por ser de carácter vinculante, como dice la norma transcrita. Consecuentemente, si está vigente esta decisión ciudadana, no cabe otro referendo relativo al mismo tema. Seguramente la forma y el cómo, para dejar sin efecto y/o anular el resultado del Referendo del 21 de febrero del presente año, está en manos del masismo, empero, al tenor de la Ley 026, a todas luces sencillamente ilegal.

Sería muy saludable para el país que la administración del Estado tenga la responsabilidad y seriedad que le asigna la Constitución Política vigente, ideada y aprobada por el MAS, practicando verazmente la forma de gobierno adoptada: democracia en un Estado de Derecho.