País desinstitucionalizado

Un amigo realizó hace poco un viaje a la región de La Asunta en el sector yungueño de La Paz, nos contó lo que vio y nos dejó sorprendidos; mi propia reflexión es que el país vive un proceso de desinstitucionalización muy grande y peligroso para la vida cotidiana de todos sus habitantes.

¿Qué es lo que vio?, la desaparición de cultivos que contribuían a la canasta familiar, particularmente frutas y verduras del trópico paceño, en su lugar había mayormente coca, casas modestas, pero frente a ellas vehículos “chutos” que circulan libremente. Según le comentaron, la Policía apareció una vez con dos coches policiales y varios policías, fueron rodeados, golpeados, los vehículos fueron quemados y los policías embarcados en un bus que retornaba a La Paz.

Qué vemos en la ciudad de La Paz, desde hace aproximadamente 30 días: resistencia con bloqueos en la parte central por las agrupaciones de vendedores callejeros que se niegan a cumplir la Ordenanza Municipal que los obliga a carnetizarse gratuitamente, para consolidar un puesto de trabajo en un determinado sitio. Esos bloqueos son organizados por grupos que tienen actualmente el control de los espacios callejeros, los cuales son “vendidos” con precios increíbles. En lugar de cumplir la nueva norma, bloquean el edificio central de la Alcaldía, lo cual le impide realizar sus tareas para atención de la ciudadanía, que tiene que cumplir otras exigencias en torno a esta entidad.

Detrás de todo esto, una mano central fuerte que lo que busca es sacar de su puesto al alcalde Luis Revilla, quien, desde mi punto de vista y de una buena parte de la ciudadanía que habita esta ciudad, realiza un buen trabajo en beneficio de este espacio urbano.

Otro ejemplo, el caso Achacachi, aquí la población de este ámbito semiurbano detectó irregularidades en la administración municipal por parte del alcalde Ramos, por lo cual exige su renuncia, PERO como este señor pertenece al partido oficial, buscan la excusa de que es un ámbito de carácter local, que tiene sus propias normas y, por tanto, nada pueden hacer. Se bloquea las vías de comunicación entre La Paz y Copacabana, causando un enorme daño económico a este centro turístico y a todas las actividades económicas que se mueven por esa ruta. La excusa, el Gobierno central nada puede hacer. PERO recientemente envió una fuerza policial masiva que logró despejar la vía, pero sin dar solución al problema de fondo. Sigue la falta de institucionalidad.

El 18 de septiembre el MAS presentó un recurso al TCP a fin de habilitar a Evo Morales para una nueve reelección, lo cual atenta contra la institucionalidad legal, que no admite la reelección y peor en este caso, porque a Evo se le dijo NO en el referéndum convocado para este propósito el 2016. PERO el Gobierno central, que debería dar el ejemplo para mantener la institucionalidad, hace todo lo contrario.

El Chapare es otro caso de ruptura de la institucionalidad, aquí mandan las Seis Federaciones del Trópico que tienen control sobre “vidas y haciendas” de los que viven en esa región; aquí también la Policía es rebasada y no puede hacer cumplir la ley.

El remate de toda esta ruptura es el caso del Tipnis, en el que nuevamente el propio Gobierno rompe la institucionalidad haciendo aprobar por la Asamblea Plurinacional una ley que abroga la intangibilidad de este territorio. El propósito principal es ampliamente conocido, ampliar una parte del mismo para aumentar la superficie cultivada con coca.

Otros ejemplos abundan en otras regiones del país, los cuales iremos identificando en los próximos artículos.