¿Cuál es la realidad de las empresas públicas?

Es extraño para la colectividad nacional, tanto como debe serlo para el gobierno, el que no se conozca datos precisos sobre la realidad económico-financiera de las empresas públicas. Este ha sido casi siempre un problema en los últimos once años por el desconocimiento que se tiene de realidades que deberían ser conocidas transparentemente.

Desde siempre, se ha sostenido que los gobiernos son pésimos administradores de empresas productivas porque son manejadas con criterios político-partidistas y casi nunca por personal profesional especializado y con las debidas experiencias. Por principio, una empresa a cargo del gobierno de la nación debería ser excelentemente administrada porque hasta en ello, a más de muchas otras condiciones, radica el prestigio y responsabilidad de quienes tienen poderes para dirigir el país.

Las políticas del “dejar hacer y dejar pasar” impuestas por el gobierno han determinado que las empresas públicas pequen de pésimos controles, ineficacia profesional de sus responsables, manejo discrecional de presupuestos tanto de inversiones como de gastos y, tal vez lo más grave, que han sido convertidas en lugar obligado de empleo para militantes partidarios o recomendados de las autoridades y es personal que no posee los conocimientos precisos y se convierte en una carga para el Estado que debe cubrir sus emolumentos y beneficios que establecen las leyes.

Las empresas públicas, casi siempre deficitarias, reciben soportes financieros procedentes de las Reservas Internacionales que el gobierno debería cuidar con mucho celo, prudencia y responsabilidad. Estas empresas, al contrario de lo que ocurre en el sector privado, no miden ni planifican debidamente sus operaciones y cuando falta dinero para atender inclusive el pago de sueldos, y aguinaldo en su momento, cuentan con que el gobierno les provea de los medios necesarios, sea mediante erogaciones del TGN o recurriendo a las reservas.

Es también extraño que la Contraloría General del Estado no controle los gastos y partidas presupuestarias de las empresas estatales y periódicamente informe, tanto al gobierno como a la comunidad nacional, sobre el estado en que se encuentran y, además, sugerir las mejores medidas con miras a un manejo transparente, honesto, honrado y responsable. Este descuido es perjudicial para el país porque la Controlaría tiene funciones específicas que debería cumplir porque su misión es controlar los negocios del Estado y no concretarse a cumplir con instrucciones político-partidistas del gobierno que ha demostrado, en más de once años, cuán poco le interesa cumplir con la institucionalidad y las leyes pertinentes al manejo de las empresas del Estado.

El gobierno, por propia responsabilidad y conveniencia, debería instruir las respectivas auditorías en las empresas estatales; de otro modo, las deficiencias, déficits y pérdidas que se sufra en su administración serán de su responsabilidad.