Comisión de Venecia aclara el entuerto

Un informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida también como Comisión de Venecia, desahucia la reelección indefinida como un derecho humano y político, por tanto declara que no son aceptables las decisiones de estos años de algunos Tribunales Constitucionales de Latinoamérica que dan curso a ese tipo de reelecciones, porque no se trata de “un derecho absoluto”, informa dicha Comisión por solicitud de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos de la OEA.

La Comisión de Venecia es una institución de asesoramiento del Consejo de Europa, la más alta autoridad con facultades ejecutivas de la Unión Europea. Conforman esta Comisión los más eminentes constitucionalistas europeos, lo que confiere un valor intrínseco a sus dictámenes. Este caso constituye un rechazo a las intenciones de nueva reelección del presidente Evo Morales y viene a sumarse al resto de impedimentos legales opuestos a ello, selladas además con un No victorioso en el Referéndum del 21 de febrero de 2016, convocado por el propio Gobierno.

Con respecto a si las limitaciones constitucionales de los plazos del mandato de las autoridades restringirían sus derechos humanos y políticos, el Informe determina que no hay restricción alguna a ese supuesto derecho, y añade que “los límites a los plazos tampoco limitan indebidamente los derechos humanos y políticos de los votantes”. De modo que tanto el re-eleccionismo indefinido como el derecho de los votantes o partidarios a reelegir a las mismas personas tampoco coarta sus derechos.

Un fuerte fundamento para el establecimientos de límites al mandato de gobierno se motiva en que el derecho preferente es el respeto a la institucionalidad y a la alternancia, y no el fomento al “poder personal” de un gobernante. La modificación de los plazos de ejercicio del poder requiere necesariamente reforma constitucional, sostiene la Comisión de Venecia. Al mismo tiempo, estas consideraciones no implican que la reelección es un “derecho humano”, según interpretación equivocada del artículo 23 del Pacto de Costa Rica, por el Tribunal Constitucional en su conocido fallo. Es curioso, por lo menos, que el ministro de Justicia, Héctor Arce, desestime a la Comisión de Venecia, después de haber recurrido el 2011 a la misma en consulta sobre la Ley de Procedimientos Constitucionales y sobre la Ley Orgánica del Ministerio Público. Ahora dice que sus dictámenes no revisten obligatoriedad ni son vinculantes.

Es preferible que quienes buscan perpetuarse en el poder se manifiesten dictadores y no recurran a torcer la ley y la voluntad popular con ese objetivo, bajo apariencias democráticas. Es más honesta la sinceridad que el engaño.