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Oficialismo aprobó decreto de amnistía

MAS rechazó indulto para exiliados y perseguidos

• Los trámites de los documentos requeridos de los beneficiados con el perdón serán de manera gratuita y se determinaron plazos para acelerar los procesos


HACINAMIENTO EN LAS CÁRCELES DEL PAÍS.
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La Asamblea Legislativa se enfrascó ayer en un debate a instancias de la oposición para que los “exiliados” y perseguidos políticos se beneficien con el Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, pero la propuesta fue desestimada, pues los dos tercios del Movimiento al Socialismo (MAS) aprobaron la norma sin mayores modificaciones.

El senador Óscar Ortíz, de Unidad Demócrata (UD), planteó al pleno del legislativo la incorporación de un artículo en los decretos presidenciales N° 3519 y 3529, de Amnistía e Indulto parcial o total, para los perseguidos políticos y que los que se hallan involucrados en el caso terrorismo puedan beneficiarse con la absolución.

El articulo propuesto planteaba: “Concédase amnistía en beneficio de presos y perseguidos políticos, a fin de sentar las bases para la reconciliación y la paz social en el Estado boliviano, así como la reparación del daño civil y político tolerado para el restablecimiento de sus derechos políticos y civiles y el encuentro con sus familias y la sociedad”.

El senador opositor argumentó que después de nueve años, la justicia boliviana no emitió resultados concretos de los delitos por los que se los imputa a los acompañantes de Eduardo Rózsa Flores, en el denominado caso terrorismo. Incluso, muchos de ellos tuvieron que acogerse a juicio abreviado por delitos diferentes a terrorismo, con lo que lograron su libertad.

Sin embargo, los dos tercios de la Asamblea Legislativa, compuesta por los asambleístas del MAS, rechazaron la propuesta y aprobaron la resolución de los decretos de indulto y amnistía, con algunas modificaciones en la redacción de algunos artículos.

DEBATE

Tras la propuesta de Ortiz, la senadora Maria Elba Pinker señaló que desde el 2013 existen 774 exiliados en diferentes países vecinos, según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el cual establece que la mayor cantidad de refugiados se encuentran en el Brasil.

“Todos ellos, que están fuera de sus países, no se les permite acceder a los derechos políticos, civiles que nos da la Constitución Política del Estado (…), hemos sido compañeros del extinto senador Roger Pinto, que perdió la vida en el exilio, donde no se le permitió compartir con su familia”, argumentó la senadora opositora.

El pasado 16 de agosto, el exsenador Roger Pinto falleció en el Brasil, después de permanecer cinco días en cuidados intensivos en un hospital, al que fue evacuado poco después de sufrir un grave accidente aéreo en la ciudad de Luziânia, en el estado de Goiás (centro). Pinto permaneció en ese país desde 2013, en calidad de refugiado político.

La diputada Mireya Montaño, presidenta de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, informó que el indulto y la amnistía no comprende a quienes quisieron dividir al país, sino que beneficia a la gente recluida por delitos menores y que necesitan una oportunidad para reinsertarse en la sociedad.

A la vez, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, recordó a la oposición que el propio Eduardo Rózsa Flores, imputado por terrorismo y sus allegados reconocieron que fueron convocados por algunos opositores para dividir a Bolivia, pero terminaron siendo abandonados por la gente que los contrató.

RESTRICCIONES

El Decreto determina que no podrán acogerse a la amnistía o al indulto los reos reincidentes en delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, contra la vida, por corrupción y contra la libertad sexual.

En aquellos casos, donde el Estado es parte querellante a excepción del Ministerio Público; los que están privados de libertad son por terrorismo, genocidio, contrabando, trata o tráfico, secuestro, robo agravado o sustracción de un menor o incapaz.

También son excluidos los involucrados por delitos contra la integridad física o psicológica de niños, niñas o adolescentes, por violencia familiar o doméstica y por tráfico de sustancias controladas, con penas superiores a 10 años estafa u otras defraudaciones, lesiones gravísimas o seguida de muerte; igualmente, las que se hayan beneficiado anteriormente con la amnistía, indulto total o parcial.

Las personas que hubieran sido favorecidas al momento de ser notificadas deberán suscribir un Compromiso de Buena Conducta ante la primera autoridad del recinto penitenciario.

AGILIZACIÓN

El diputado Wilson Santamaría, de UD, señaló que se incorporaron dos elementos para agilizar los trámites de los requisitos que permiten acceder al indulto; esto es que el Órgano Judicial proceda de forma gratuita y oportuna a otorgarle los certificados correspondientes.

Los directores de establecimientos penitenciarios deben entregar los certificados de tiempo de permanencia, en el plazo de un día hábil.

Estas modificaciones tienen la finalidad de llegar a la meta de 2.735 beneficiarios, puesto que en la gestión 2016 sólo se acogieron al indulto 290 personas, de un total de 2.000 solicitantes.

“EXILIADOS”

Los datos brindador por la Acnur, en Brasil están refugiados Alejandro Brown Ibáñez, Luis Tapia Pachi, Lorgio Balcázar, David Sejas, Ana Melena; en Paraguay, Mario Cossío; en Argentina, José Luis Paredes; en Perú, Mirtha Quevedo, desde abril 2009, Javier Torres Goitia desde mayo 2008, Javier Torres Oblea desde mayo 2008, Dante Pino desde mayo 2008.

En Estados Unidos (EEUU) se hallan refugiados el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, desde octubre del 2003; Carlos Sánchez Berzaín, desde octubre del 2003; y Guido Áñez, desde febrero del 2009.

Además, Manfred Reyes Villa desde el 2009, Hugo Achá Melgar, Alejandro Melgar Pereira y Guido Náyar Parada desde enero 2010. Igualmente, Pablo Humberto Costas Aguilera y Humberto Roca, exgerente de AeroSur.

 
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