Cipca recomienda al Estado prestarle más atención a las acciones económicas productivas de las familias indígenas y campesinas, frente a una creciente expansión por parte de las propiedades privadas y acciones del monocultivo agroindustrial.
Advierten tensiones al interior de la reserva forestal Guarayos y Gizel Caballero Leiva, directora del Cipca, Santa Cruz, insta al Gobierno a dar mayor atención a las acciones económicas productivas para evitar el desplazamiento de población guaraya.
Según la entrevista con ANF informó que la Reserva Forestal Guarayos, creada en 1969 bajo el decreto supremo 12268 y el decreto 08660 de 1975, conserva en la mitad de su superficie área boscosa, sin embargo el otro 50% del área ha sufrido la tala de árboles y cumple otro tipo de funciones para el monocultivo agroindustrial y la ganadería.
“La relación es tensa (…). Al margen de ser un área de reserva forestal, los compañeros indígenas guarayos tienen un pedazo de Tierra Comunitaria de Origen (TCO), pero también los empresarios y los campesinos que han migrado de tierras altas se expanden con sus propias actividades”, señaló.
Según la investigadora, los datos estadísticos muestran que sobre las más de 1.1 millón de hectáreas que tiene la reserva, hay muchos intereses económicos y políticos.
“Los compañeros dicen que los mapas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) tiene una información, mientras que la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) tiene otra, esta situación, sin duda, sugiere la necesidad de mayor coordinación entre ambas instancias.
Según la ABT, hasta el 2016, la Reserva Forestal Guarayos era de 1.114.512 hectáreas de las cuales 596.769 has (54%) eran bosques y 274.054 ha (25%) destinadas a diversos usos, que actualmente están ocupadas ilegalmente por empresarios, campesinos, colonos, menonitas, rusos, concesionarios mineros y otros.
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