Cooperativas auríferas sin licencia ambiental

La explotación de oro en diferentes regiones del país data de muchísimas décadas; pero, en la mayoría de los casos, no existen los controles gubernamentales que establecen las leyes. La Fundación Jubileo indicó que “existen más de 800 cooperativas auríferas que explotan oro en el departamento de La Paz sin contar con la licencia ambiental”. Según el mismo estudio, “se ha evidenciado que de 981 cooperativas existentes en el sector aurífero, solamente 160 lograron adecuar sus actividades a la Ley de Medio Ambiente”. Continúa el estudio: “En los departamentos de Oruro, Pando y Beni existen 10 cooperativas con licencia ambiental, mientras que si se toma en cuenta cifras totales fuera de La Paz, se tiene 91 que no cuentan con permisos ambientales, de los cuales 25 están en Pando, 17 en Santa Cruz, 15 en Oruro y 14 en Potosí”.

Según el experto, “el decreto 21.060 ha sido utilizado para sacar oro de contrabando, principalmente hacia Perú o Brasil; que, como se detectó este tráfico, se dictó una resolución que dispone un cupo máximo; así, una cooperativa aurífera puede comercializar hasta 20 kilos por mes, las minas chicas 10 kilos y las minas unipersonales 2 kilos por mes. Estas cantidades siguen siendo muy grandes, considerando que solo en el departamento de La Paz hay 1.000 cooperativas, las que podrían comercializar 20.000 kilos al mes. Sin embargo, la producción nacional anual de oro declarada es de 25.000 kilos (25 toneladas)” (ED 23-X-18).

La explotación de oro requiere el uso de mercurio, que es químico nocivo para la salud humana, animal y vegetal. “Cuando se usa mercurio para extraer oro, se recupera aproximadamente 95% y cerca del 5% se va al agua y puede llegar al organismo humano, a través de la respiración o de ingerir alimentos”. Al respecto, Naciones Unidas estimó que en 2013 ingresaron a Bolivia 120 toneladas de mercurio. Según datos del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), en 2015 en nuestro país la importación de mercurio subió a 35.793 kilos en comparación con los 1.710 kilos importados en 2010.

Todos los informes se refieren a que las cooperativas son las más beneficiadas con la explotación de oro y, consecuentemente, el Estado es el menor recipiendario, cuando debería ser el mayor por ser dueño legítimo del precioso metal, cuya explotación debería ser autorizada en forma limitada y, además, debidamente controlada tanto en la cantidad que se explote, como en el cumplimiento del pago de impuesto y regalías; en todo caso, es necesario exigir que sus operaciones sean con la debida licencia ambiental, requisito sin el cual no debería autorizarse ningún contrato o concesión y todos los casos que no han cumplido con los requisitos señalados, deberían ser revertidos al Estado.

El caso es muy grave y da lugar a aplicar el dicho: “el país está sentado en un trono de oro”, pero la mejor explotación favorece a muy pocos, especialmente si se tiene en cuenta que los índices de desocupación son muy grandes. Es, pues, el gobierno el que debería controlar debida y oportunamente que se cumplan las licencias ambientales y toda producción y comercialización controlada estrictamente.