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En Bolivia más del 63 % de las mujeres que fueron atendidas durante su parto en un centro de salud, fueron víctimas de violencia ginecobstétrica. A partir de esta realidad, la Defensoría del Pueblo elaboró una propuesta de política pública para prevenir este tipo de violencia de género, que se ejerce dentro de un marco de subordinación y discriminación que deriva en la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos.
La propuesta tiene como principal objetivo contribuir a garantizar el respeto y protección de los derechos de mujeres durante el embarazo, parto y puerperio; aportando además, en la eliminación de prácticas y actitudes racistas y/o discriminatorias de parte del personal de salud.
La Encuesta de Prevalencia y Características de Violencia contra la Mujer del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2017, los mayores reclamos de mujeres embarazadas apuntan a hospitales públicos, seguido de la seguridad social, y clínicas privadas.
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